Según cálculos iniciales del Gobierno, se requeriría aproximadamente 3.000 millones de dólares para ese efecto. Es posible que sea mucho más.
Los costos del terremoto en Chile, de 2010, fueron estimados en cerca de 30.000 millones, de entre los cuales 20.000 eran por pérdida de infraestructura, según el Plan de Reconstrucción publicado por el régimen del presidente Piñera.
Como es obviedad que la reconstrucción no puede financiarse solo con inversión pública de un país en crisis (aun cuando se aumente nominalmente la tarifa de impuestos, y menos si eso no necesariamente implica aumentar la recaudación, que hasta puede caer), también es obviedad que la inversión privada es fundamental; y para promoverla habría que partir con decisiones del Ejecutivo, dirigidas no a aumentar tributos sino todo lo contrario.
Se puede exonerar de impuesto a la renta, por diez años, a las empresas que inviertan en proyectos de rehabilitación de carreteras y obra pública en general, o de escuelas y hospitales. También en proyectos inmobiliarios, vivienda de interés social y obras de desarrollo urbano.
La exención incluiría los impuestos a los dividendos que se pague a los accionistas de dichas empresas, así como el Impuesto a la Salida de Divisas, independientemente del lugar en que estén radicados. Todo esto está previsto ya en la Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera. Solo se requiere que un comité de tres funcionarios del Ejecutivo autorice la inversión y la firma del pertinente contrato.
Lo anterior pudiera extenderse a otras áreas de la actividad económica (turismo, ganadería, agroindustria), si el mismo comité lo declara prioritario, por ejemplo, para incentivar la generación de empleo para los habitantes de las áreas afectadas.