El primero, que su alejamiento del poder significa el fin de la era progresista en América Latina. El segundo, que se acaba una era de corrupción, impunidad y estancamiento.
Ambas aseveraciones son, afortunadamente, falsas.
Si la primera es el deseo consciente de la derecha tradicional que durante al menos diez años ha estado relativamente al margen del poder político en América del Sur, la segunda no es otra cosa que una mirada simplona de los procesos de acomodo político y de cesión de decisiones a las que ha tenido que someterse cualquier grupo político, no solo progresista, que desee llegar a un pacto de gobernabilidad en estos tiempos.
Tal y como fue con los gobiernos que les precedieron a los progres de esta década, la corrupción y la impunidad tienen cancha garantizada en quienes ahora vuelven a ocupar los cargos. Hay menos coyuntura que estructura en los latrocinios públicos. Hay un problema que se aleja de la agrupación, y que se acerca a la perversidad de la máquina económica y política, a una democracia ilusoria en que se alcanza a gobernar solamente con la moneda del chanchullo.
Por eso, la falacia de la época del progresismo en este continente no se prueba solamente a través de la constante persecución a los movimientos sociales y el encarcelamiento de líderes sindicales, estudiantes enrabiados o ecologistas infantiles. En rigor, la ilusión de ese nuevo proyecto, que no fue finalmente otra cosa que un pacto conservador de reformas graduales, es mentira desde sus propias prácticas de gobierno o su apego a un plan que disculpara su renuncia a cualquier mudanza radical.
Pero esto es una cosa. La incapacidad y el pacto de gobernabilidad son una cosa. Y más precisamente, en el caso de Dilma Rousseff, que acaba de ser enviada a un limbo político.
Quienes la reemplazan son otra cosa. Harina de otro costal.
El poder que se hace cargo ahora de Brasil, además de tener a más de la mitad de sus miembros con causas judiciales pendientes, es el impresentable regreso a la dictadura de los setenta. El Ministerio de Cultura abolido, la presencia solo de hombres y solo blancos en un país diversísimo, el apoyo explícito de y a fascistas defensores de la violencia y la segregación –como el senador Jair Bolsonaro-, el inminente recorte de subsidios para microemprendimientos, el fortalecimiento de la capacidad de represión de la policía, la eliminación de la autonomía de las dependencias para afirmar la igualdad de los derechos de las mujeres, de la diversidad étnica y racial, y del cumplimiento de los derechos humanos, son algunas de las primeras iniciativas que se le han ocurrido a Temer.
Hay más, sin embargo: retirada de derechos laborales, recorte de gasto social que llevó a millones de brasileños a la clase media, alza de la edad de jubilación y eliminación de la franja mínima obligatoria para gasto público en salud y educación.
En esta extraña pero frecuente conjunción entre capitalismo salvaje y rescate explícito de las políticas dictatoriales es que la política debe activarse como posibilidad de elección de la opción menos perversa. Tal vez sea hora de pensar que estos dos términos no son excluyentes, que se emparentan y que América Latina ha sido su mejor laboratorio, como ocurrió ya en Chile y Argentina. Yo no tengo duda, entonces, de la opción menos siniestra. Yo en estas estoy con Dilma.