Muy pocos son los organismos internacionales que logran cumplir objetivos concretos más allá de la retórica pues si construir instituciones dentro de los estados es difícil, cuando se trata de organizaciones internacionales es aún más complejo. La plata se agota conforme se agota la novelería; emergen los discursos de soberanía, los Estados son renuentes a aceptar la opinión de otros, llegan las peleas y más temprano que tarde todos se preguntan por qué diablos estoy metido aquí.
La lista de organismos internacionales fallidos y supremamente fallidos, solo en América, es interminable. Creamos, enmendamos y remediamos una serie de organizaciones que a la final acaban dando palestra a un grupillo de burócratas serviles a ciertos discursos políticos, construyendo foros, abriendo micrófonos y gastando millones (mejor si es en el ombligo del mundo). Lo complejo, sin embargo, no es construir una casa, una obra de arquitectura, lograr agrupar a los políticos en una foto o en un cuadro. No. Lo verdaderamente complejo es estabilizar una organización internacional, legitimarla y lograr que cumpla un rol concreto capaz de ser palpado por los ciudadanos, despejando esa mirada inútil de las organismos internacionales como foros interminables de palabrería, promesas, consejos, fotos, cocteles y risas.
La Comisión Interamericana de Derechos es una organización dedicada a supervisar que los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos cumplan sus responsabilidades de respetar los derechos de los ciudadanos, investigar aquellas violaciones y adoptar medidas para que no vuelvan a ocurrir. Tiene tres funciones principales: recibe peticiones individuales de personas que denuncian al Estado por no haber cumplido estas responsabilidades; monitorea la situación de los derechos humanos en los Estados y atiende líneas temáticas prioritarias (derecho a la libertad de expresión, derechos de los pueblos indígenas, etc.)
Desde su fundación, la Comisión ha sido un verdadero héroe silencioso dentro del caminar de nuestra región. No solo ha logrado sobreponerse a los interminables discursos derroteros de la politiquería de turno, no solo que ha podido atender cientos de casos de violaciones a los derechos humanos en nuestra región sino que lo ha podido hacer de la mano de los ciudadanos, atendiendo peticiones individuales, preocupándose por la vida de las personas en los rincones más recónditos de la región, visitándolos, defendiendo a indígenas, escritores, periodistas, políticos, canales de televisión, niños de la calle y cineastas.
Y lo que es más loable, la Comisión se ha sobrepuesto a todos los discursos políticos que, alternativamente, la vinculan con los oscuros intereses americanos (basta revisar la línea de la CIDH frente a Estados Unidos para develar la injuria), a los alienígenas o a los intereses de las grandes empresas privadas. Ha sobrevolado patrañas y coleccionado palabrerías aplanadoras. Más de cincuenta años de servicio, sin embargo, han confirmado con pruebas, fechas y puntos que el rol de la Comisión en América es fundamental y se ha integrado a nuestra forma de concebir lo político. La jurisprudencia, el pensamiento desarrollado por la Corte y la Comisión en todos estos años constituyen un elemento esencial de nuestra memoria histórica, de nuestro patrimonio inmaterial como latinoamericanos y es un referente mundial en estándares de protección a los derechos humanos.
La Comisión después de haber dado una larga batalla financiera, hoy, dicen sus directivos, ha entrado a la sala de cuidados intensivos. No hay plata. Los Estados no cumplen sus obligaciones. No pagan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Juan Gelman, de los niños de la calle, de los periodistas, políticos, campesinos, indígenas, cineastas y escritores hoy agoniza por esos la perorata politiquera, por los juegos de poder y por las platas a nuestra vista y paciencia. No hay derecho. No hay razón. Es el poder y son las fuerzas. Y como ciudadanos no nos queda sino usar estos medios, juntar unas comas, adjetivos y adverbios y alzar la voz fuerte, defender a la Comisión y exigir al Estado ecuatoriano cumplir sus obligaciones como un deber civil e histórico frente a nuestra memoria y, sobre todo, frente al compromiso de construir una región más humana, desarrollar un Estado respetuoso y una sociedad consciente de sus derechos.