Tal enmendada de plana a los legisladores es síntoma de una actitud deleznable: creer que las leyes pueden ser reescritas por los funcionarios para acomodarlas a sus intereses del momento. Para eso, sin vergüenza, tuercen el idioma con las más variopintas piruetas verbales, o hasta se refugian en la ”semiótica”, a la que usan como comodín en sus “motivadas” decisiones.
El problema real, pues, con la superintendencia del señor Ochoa, no es haberse gastado decenas de miles dólares en la impresión de la versión no oficial de una ley, sin que tuviera obligación de hacerlo. Ya verá la Contraloría del Estado si glosa semejante despilfarro. El problema de fondo, que no puede ser olvidado, es el sistemático desprecio a la ley, en la que dicen escudarse, pero a la que en verdad pisotean a diario.
Recordemos dos asuntos.
Uno: a fines de 2014 fue multado el Alcalde de Quito porque una emisora municipal dejó de retransmitir la programación generada en un portal de internet, según estaba contratado. El pretexto: que ese asunto, que claramente versaba sobre el cumplimiento o incumplimiento de un contrato, era una cuestión -no es broma- de “censura previa»…
Dos: cuando les disgustan las noticias, o incluso estudios como el de María Paula Romo, que los medios publican sobre sus actuaciones, envían pedidos de rectificación o de réplica, y si tampoco les gusta la forma en que estos son efectuados, se convierten en juez y parte, iniciando procesos administrativos para sancionar al medio, pulverizando una garantía básica del debido proceso, cual es que la entidad sancionadora no puede tener interés propio en el asunto que conoce.
No sé si la Ley de Comunicación terminará en el tacho de basura de la historia, como dice Guillermo Lasso. Pero sí sé que en el mismo tacho no pueden quedar los actos de quienes la han “aplicado”.