Resulta más económico para su cliente. Con esa pérdida, quedan en riesgo cientos de puestos de trabajo ecuatorianos.
No firmarnos acuerdos de libre comercio en su momento con la Unión Europea y con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Perú y Colombia sí lo hicieron. Eso permite que los bienes de capital y materias primas que requerimos importar para producir sean más caros, pero además pone en riesgo los mercados que el sector privado consiguió con sudor y riesgo. Hoy esos compradores, podrían ser arrebatados por nuestros competidores debido a la inacción gubernamental.
En los últimos nueve años se han encarecido en un 45 % los precios de los productos y servicios. Gracias a las veintisiete reformas a leyes tributarias y a las veinticinco reformas a los reglamentos tributarios. Estos incrementos también fueron causados por los cupos, normas técnicas, salvaguardias y acuerdos ministeriales. Tampoco podemos olvidar la mayor inflexibilidad laboral impulsada por el gobierno desde la Asamblea de Montecristi. Todo eso ha motivado el aumento de precios y por ende, la falta de competitividad. No hemos hecho nada por promover la productividad, sino lo contrario.
Estamos lejos de alcanzar el buen vivir. Con el exceso de impuestos, salvaguardias y exigencias, han logrado que los consumidores dejen de comprarle a las empresas formales que confiaron en el país. Generando que los consumidores acudan al contrabando para satisfacer las necesidades familiares a las que ya no pueden acceder en el mercado formal por su elevado precio, perjudicando al Estado, a la empresa formal y al empleo.
La legislación de la última década incrementó la tramitología y las obligaciones de los negocios, haciendo que sea difícil emprender. Por eso existe tanta informalidad.
Después de no haber creado ni una fuente de empleo adicional desde que gobierna el socialismo del siglo XXI, podemos decir que ese modelo económico ha fracasado en permitirles a más ecuatorianos ejercer el derecho de mantener a nuestras familias. Tampoco tuvo éxito en ningún otro lugar que fue implementado.
Los únicos ganadores son ciertos funcionarios públicos que han lucrado, pero con nuestro dinero. Ellos gastan a manos llenas el producto de nuestro trabajo, recibido vía impuestos. El sector privado busca la rentabilidad, pero debe convencer a los consumidores para que mediante precios competitivos y buen servicio decidan comprarlos. Cuando el Estado tiene déficit, aplica una fórmula sencilla: sube los impuestos y nos obliga a pagarlos. Así, los servidores públicos podrán, sin esfuerzo, seguir lucrando de nosotros: la sociedad civil. Esa es la gran diferencia entre los dos tipos de lucro: el de los servidores públicos y el de los emprendedores.