“…El superintendente de la Información y Comunicación, un periodista con 30 años de trayectoria, cuenta con todo el aval profesional para ejercer sus funciones. Su elección fue parte de un concurso público de méritos con posibilidad de impugnación. De este no se desprendió ninguna observación que cuestionara su competencia para ejercer el cargo en defensa de los derechos ciudadanos a la información y comunicación”, dice un pedido de réplica enviado por la Superintendencia de Comunicación a este diario, cuestionando que se “deslegitime constantemente” “a una Ley de Comunicación ciudadana y su institucionalidad”.
No voy a opinar sobre los autoelogios del señor Ochoa, reseñados en el pedido de réplica enviado por la entidad que él mismo dirige, pues el verdadero problema, de fondo, con la Ley de Comunicación, no pasa por su currículum, sino con la forma arbitraria en que ha ejercido el cargo, lo que como es natural, también forma hoy parte de aquella hoja de vida, aunque ese detallito sea omitido por los funcionarios todavía bajo su mando que se dedican a enviar constantes pedidos de réplica.
Es que, bajo su mando, la Supercom ni siquiera se ha limitado a aplicar la Ley de Comunicación, según sus propios y cuestionados textos. Permanentemente ha intentado reescribirla, sin vergüenza, refugiándose hasta en la ”semiótica” para hacerla decir lo que no dice. ¿O creen ahí en la Supercom que han pasado al olvido cuestiones como la multa al alcalde de Quito por haber una emisora municipal dejado de retransmitir la programación generada en un portal de internet, asunto -no es broma- al que tildaron de “censura previa”, o casos como aquellos en que se convierten en juez y parte, iniciando procesos administrativos sancionatorios contra medios que no publican sus propios pedidos de rectificación en la forma en que creen deben ser hechos?
Esto no es cuestión de currículum (ex ante). Esto es cuestión de responsabilidad legal (ex post).