¿Reglas «claras» de inversión?

Según ella, “Ecuador posee un portafolio de inversiones valorado en 40 mil millones de dólares y aspira una inversión en 180 proyectos estratégicos…”, con lo que se apuesta a “…constituir una inversión de 20 mil millones de dólares, por lo menos en los próximos tres años”, http://produnoticias.com/pais-recibiria-una-inversion-20-mil-millones-dolares-los-proximos-tres-anos/.

En el mismo evento, el presidente de la República destacó “…la gran estabilidad política y macroeconómica de la que ha gozado el país en esta última década y la decisión política para brindar las condiciones óptimas y las políticas claras para la inversión” http://produnoticias.com/mas-150-inversionistas-internacionales-exploran-oportunidades-ecuador/.

20 mil millones de inversión en tres años no es pelo de rana, y ojalá que semejante visión optimista se concrete. Pero a propósito de esto, y de las promocionadas reglas claras, hay un tema no resuelto, en el que funcionarios del Ejecutivo siguen haciendo exactamente todo lo contrario a fomentar la inversión: torciendo la ley se empeñan en perseguir a los accionistas de cualquier compañía, incluso a los minoritarios hostiles o a los que han comprado unas pocas acciones en bolsa, por deudas reales o supuestas de aquellas, como si hubiese alguna ley que dijese esa barbaridad.

Esta cuestión -que ahuyenta a los inversores y va en contravía de la también promocionada democratización del capital- puede ser resuelta de inmediato. Basta una orden presidencial que recuerde que, según la ley, a los accionistas se les puede cobrar las deudas de una compañía exclusivamente cuando esta haya sido usada como pantalla para defraudar, y solo subsidiariamente (si los bienes de la compañía no alcanzan para pagar). Esto es bastante fácil de entender, pero no lo entienden algunos rábulas en la CFN y en el Ministerio del Trabajo, por citar solo dos recientes ejemplos.

Más relacionadas