Cuán decisivas habrán sido las revelaciones del gran saqueo de Petroecuador en la caída de las preferencias electorales del binomio oficial, y cuán angustiados deben estar casa adentro ante la posibilidad de que esa hemorragia siga creciendo hasta llegar quién sabe a dónde, que a la dictadura se le ha ocurrido distraer la atención del país enviando un descabellado proyecto de ley para confiscar –porque eso es lo que hace, confiscar– las utilidades que una familia pueda obtener al vender su casa a un mejor precio del que la compró originalmente.
Saben que es un proyecto de ley impopular. Saben que, de ser aprobado, aunque sea con algunos cambios, será derogado por el próximo Gobierno. Saben que empañará más la imagen de los candidatos oficialistas. Pero también saben que si no hacen algo estridente como esto y dejan que el país siga descubriendo sobre cómo funcionaba la red de lavado de activos más grande que se ha descubierto hasta ahora, el daño puede ser más grande y prácticamente irreversible –y no solo electoralmente hablando–. (Tal fue la suerte que corrió Dilma…) El pedido de investigación de más de cincuenta cuentas bancarias hecho por un diputado oficialista puede ser, según él, el puente que lleve a conocer una red de corrupción que involucre más sectores y más gente. Hay, pues, que detener esta avalancha. A cualquier costo hay que parar este desangre, antes de que infecte los órganos más sensibles del moribundo cuerpo del socialismo del siglo XXI.
Para este ejercicio de distracción la dictadura cuenta paradójicamente con el apoyo de buena parte de la así llamada oposición. No sería de extrañarse que ella caiga en la celada que le han tendido y se dedique los próximos meses a hacer lo que la dictadura quiere: pasarse hablando y debatiendo, y criticando el dichoso proyecto de ley. Después de todo, en el saqueo de Petroecuador no han sido capaces de ejercer a cabalidad sus deberes constitucionales de fiscalización. Ni siquiera han presentado un escrito de mínima relevancia ante los órganos judiciales, no se diga una denuncia formal. Se han limitado a salir por televisión o radio y sostener la increíble posición de que la fiscalización, que no han tenido el coraje de hacerla ahora, la van a hacer cuando los responsables del saqueo ya no estén en el poder.
Claro que el proyecto de ley que se ha enviado a la Legislatura –que para variar es de naturaleza “orgánica” y de paso “urgente”– debe ser rechazado con firmeza. Méritos para hacerlo sobran. Ese no es el punto. El punto es tener claro que se trata del juego de un régimen que se ve impotente para detener el pus que sale por todos lados cada vez que se aprieta un poco. Debe ser frustrante, ciertamente, para un régimen que controla todos los poderes públicos, especialmente el judicial, ver cómo, gracias a los pocos medios independientes que aún existen, y la entereza de unos pocos periodistas y activistas políticos, los ecuatorianos finalmente comienzan a entender el origen de su pobreza. (O)