Si solo se tratase del pretexto de la cacareada (y supuesta) vulneración a la soberanía, las denuncias pudiesen haber sido ejecutadas hace muchísimos años, pues los trámites a ello conducentes fueron iniciados a principios de 2010. Pero lo de la soberanía era solo simulación y demagogia: el discurso mantenía la necesidad “patriótica” de denunciarlos, pero se los mantuvo vigentes. Las nuevas inversiones hechas bajo su amparo siguieron quedando protegidas, como protegidas estarán las que se haga hasta el día exactamente anterior a que se perfeccionen las denuncias.
Lo de la simulación no es exageración: fue revelada hace ya dos años y medio por el exmagistrado colombiano Carlos Gaviria, primer presidente de la pomposamente adornada con el larguísimo nombre “Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones CAITISA”. En su renuncia, del 4 de diciembre de 2014, Gaviria dijo que había “…renuencia, por parte del Gobierno, de llevar a término el proceso de denuncia de varios tratados bilaterales de inversión, pendiente sólo de una decisión política…”.
Esa renuencia se mantuvo en general hasta el presente, cuando recién -a las puertas de un cambio de gobierno- se acuerdan del tema y a toda máquina retoman lo engavetado por años. Eso, pese a que el nuevo gobierno requiere dar confianza y seguridad jurídica para atraer inversiones. Para no perder el tiempo discutiendo sobre el peso que en una decisión de inversión tiene la existencia o no de un tratado, convengamos al menos en que su inexistencia la hace menos atractiva. En ese escenario, el régimen entrante -de perfeccionarse las denuncias- no contará con una herramienta con la que sí contó el saliente, más allá de los discursos.
Hay algo raro, muy raro, tras de esto.