Lo mismo para administrar el Estado: hay que gastar menos de lo que ingresa. Para lograr ese objetivo, el gobierno puede apoyarse en el sector privado. El Municipio de Guayaquil lo viene haciendo exitosamente. Por ejemplo: el aeropuerto de Guayaquil es eficiente y rentable sin que el cabildo invierta sus recursos. A tal punto, que las autoridades aeronáuticas le han complicado la vida a las aerolíneas internacionales para que decidan no operar desde Guayaquil y se privilegie al aeropuerto de la capital. Cuando lo acertado sería competir en buena lid mejorando los servicios y costos en favor de los usuarios.
Las restricciones que las autoridades imponen al libre comercio se resumen en una palabra: recesión. Si más servidores públicos tuvieran una visión global y patriótica, sabrían que es bueno para el país que también se incremente el flujo de turistas vía Guayaquil. Lo importante es que el Ecuador capte vacacionistas que traigan dólares. Es magnífico que lleguen a través de varios aeropuertos internacionales, pero porque ofrecen servicios de primer orden y el destino atrae a los turistas, no por imposición de una autoridad que sueña en crear un monopolio o de algún iluminado que decide construir un aeropuerto donde no debía hacerlo. La frase “si lo construyes, vendrán” solamente funcionó en la película “El campo de los sueños”. Se requiere gestión.
Decía que el sector privado puede ayudar para que existan menos egresos fiscales. Si la promesa es edificar trescientas cincuenta mil viviendas, su construcción podría ser concesionada y financiada por contratistas privados. Generando cien mil nuevos empleos adecuados, empleos indirectos y promoviendo el movimiento comercial de la cadena productiva que el sector de la construcción involucra. Obviamente, habría que derogar el impuesto a la plusvalía que es lo que está aniquilando a la construcción.
Pero estas concesiones no deben ser al dedo, como promueve la Ley de Alianzas Público Privadas. Ese tipo de legislación abre la puerta a la corrupción de los funcionarios públicos a los que se les otorga esa potestad y resta oportunidades a la mayoría de los empresarios. Ahuyenta la inversión por los costos que la corrupción implica. La Ley de Modernización, en cambio, ofrece un mecanismo más eficaz para delegar a empresas mixtas o privadas la prestación de los servicios públicos de agua potable, riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, servicio postal u otras de naturaleza similar.
En resumen, hay que gastar menos de lo que ingresa a las arcas públicas para que los gobernantes no tengan que ofrecer constantemente excusas por su incumplimiento en lograr la prosperidad de los mandantes.
Un nuevo presidente significa un nuevo comienzo. Una oportunidad. Ojalá la estrategia se enfoque en una visión nacional, no como la de la institución controladora del transporte aéreo.