Ahora bien, esa ausencia de institucionalidad se apresta a encubrir los grandes saqueos de los fondos públicos de la última década. Mientras en el pasado el país fue testigo del surgimiento de una casta de nuevos ricos con no otro mérito que sus vínculos con el gobierno, y de cómo se asaltaba al erario nacional a la luz del día, al amparo de leyes, decretos de emergencia, dictámenes jurídicos, sentencias judiciales, y hasta por escritura pública, ahora será testigo de otro espectáculo no menos vergonzoso, cual es, el de tapar todo lo ocurrido bajo el manto de una legalidad torcida.
Según la Constitución –esa que juraron respetar las nuevas autoridades elegidas–, el juicio político al presidente y vicepresidente de la República debe ir precedido de un dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional. Como hemos señalado, desde una perspectiva jurídica, este es uno de los tantos errores de la actual Constitución, y que ojalá sea corregido en el futuro. Pero mal o bien está en la Constitución y hay que respetar ese mandato. Sin embargo, todo parece apuntar a que el oficialismo se apresta a darle eficacia jurídica a una norma de rango legislativo, y de jerarquía inferior, que contradice la mencionada disposición constitucional, la cual entrega a la Corte Constitucional, y solo a ella, la misión de emitir el citado dictamen.
En otras palabras, nada ha cambiado, todo sigue igual. El atropello a la normativa constitucional, a la separación de poderes, y al espíritu democrático sigue tan vibrante como antes. Se hace lo que le viene en gana a la mayoría, con el argumento de que su elección (de dudosa legitimidad, por cierto…) les permite hacer cualquier cosa. La única diferencia es que ahora esa falta de institucionalidad va a servir para encubrir los asaltos de la pasada década. Gracias a ella los miles de millones de dólares que se perdieron por corrupción se podrían quedar nomás en las cuentas de intermediarios, tíos, parientes, amantes y testaferros. Cierto es que en vista de la correlación de fuerzas parlamentarias y de la escasa lealtad que tiene el oficialismo hacia la Constitución, de seguirse las reglas constitucionales, y de permitírsele al órgano legislativo que debata y resuelva sobre los méritos de las acusaciones políticas, el resultado podría ser el mismo. Pero al menos se daría la apariencia de cierta regularidad institucional. Más aún ahora que se ha vuelto una moda hablar maravillas de las apariencias. Sin embargo, ni ese show al parecer tendríamos.
Creer que con estas maniobras el país olvidará los asaltos y abusos de una década es un sueño de perro. Que no vengan luego con el cuento del golpismo. La oportunidad de un gran cambio parece esfumarse. (O)