Comenzó con el apresamiento de funcionarios de Petroecuador, incluyendo su ex gerente general. El oficialismo salió a decir que se trataba de un caso aislado, que eran funcionarios de carrera, y el exjefe de Estado llegó al cinismo de afirmar que no los conocía. Luego, la marea subió un poco más. Los siguientes a quedar involucrados habían ostentado rango ministerial, concretamente un exministro de Hidrocarburos, primero, y luego un exministro de Electricidad. El capo di tutti capi trató de aplacar la tormenta diciendo que el primero había sido un traidor, y que el segundo no había cometido ningún delito, pues los fondos recibidos habían sido por una consultoría cuando ya no era ministro, cosa que luego fue desmentida por la Policía de Andorra.
Pero el asunto no quedó en el nivel ministerial. La marea de la corrupción siguió subiendo para llegar entones al contralor general, una de las autoridades de mayor rango en la jerarquía estatal. Increíblemente, este magistrado que había tenido a su cargo el control y auditoría del uso de los fondos públicos resultó ser una de las piezas claves de la mafia que gobernó el país en la última década. Personaje precavido, pues, al parecer, cobraba solo en efectivo. Fue reelecto –vale recordarlo– en violación de la ley, gracias a la complicidad de la Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana.
Pero la cosa no quedó allí. La marea siguió subiendo para llegar al vicepresidente de la República. A él se lo había responsabilizado de las llamadas áreas estratégicas (petróleo, electricidad, etcétera), que no solo resultaron infectadas de corrupción, sino que además fueron una mina de oro para un tío suyo que, sin ser funcionario público, cobraba millones a empresarios, que “coincidentemente” salían siempre beneficiados con contratos públicos.
El panorama es desolador, ciertamente. Lo que había existido detrás de la fachada del Estado y la verborrea socialista era una enorme maquinaria delictiva. Todo el aparato institucional fue puesto al servicio de esta mafia que se dedicó a un saqueo demencial e impune de los dineros de los ciudadanos. Y no ha sido gracias a las autoridades ecuatorianas, sino a pesar de ellas, que sus responsables comienzan a descubrirse.
Pero la marea pestilente no parece amainar. Todavía faltan otras áreas como la seguridad social, el comercio internacional del crudo, la construcción de hidroeléctricas, así como las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y sobre todo debe llegarse al gran responsable, que no es otro que aquel que se jactaba de ser el jefe de todas las funciones del Estado, y hasta de ser un dictador. Fue él quien dirigió a esta mafia, tan grande que terminó navegando como una ballena; una ballena que supera a todo pez gordo imaginable. En sus entrañas yacen miles de millones de dólares robados o despilfarrados. Y que deberán ser devueltos. Para lo cual una vez más sugerimos que se contraten firmas internacionales especializadas. Cada día que pasa se irá haciendo más difícil recuperar esos dineros. (O)