La ley de la materia permite expresamente esa suspensión incluso recién al inicio de una investigación (art. 62), por no hablar de las cuantiosas multas que también se le puede imponer, que pueden igualar a los beneficios obtenidos, o llegar hasta el 10 % del volumen total de negocios del infractor, el que sea mayor (art. 79).
Y no es que el señor Páez hubiese estado tan pero tan despistado estos últimos meses con los estertores de los miles de talleres que dice haber organizado durante sus funciones, como para no haberse percatado del escándalo de las coimas de Odebrecht: hay información publicada por la propia Superintendencia que revela que al menos a mediados de mayo de 2017 ya había iniciado, de oficio, una investigación (boletín de prensa 214, del 9 de agosto de 2017).
Sin embargo, como decía al inicio, al menos que se conozca ninguna decisión relevante se tomó en la administración de Páez al respecto. Se mantuvo “…reuniones de trabajo reservadas con varias autoridades como el director del Sercop, Ec. Santiago Vásquez, con el ex fiscal general de la Nación Dr. Galo Chiriboga, o el actual fiscal general de la Nación, Dr. Carlos Baca Mancheno, así como otros diversos actores públicos y privados, expertos independientes del caso del operador económico Odebrecht, entre otros temas, para entender y delimitar el mercado relevante”. Y, dale con los talleres, “el 6 de julio de 2017 se solicitó a la Fiscalía General del Estado conformar equipos de trabajo y la coorganización de seminarios, talleres y congresos, respecto al tema” (boletín 214).
El nuevo superintendente, a ser elegido de una terna conformada por el presidente Moreno, debe comprometerse a luchar frontalmente contra la corrupción. Sin aspavientos, seminarios o talleres.