La función legislativa, manejada por el socialismo del siglo XXI, con su mentalidad restrictiva del comercio, quiere más de lo mismo y para lograrlo, aspiraba convocar a la Asamblea Constituyente. El presidente escogió la vía de la consulta popular.
Espero que entre las preguntas de la consulta popular no se encuentre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, porque no encuentro a muchas personas serias interesadas en participar como candidatos a ese tipo de asambleísmo. El motivo es que la campaña para lograr un escaño de asambleísta constituyente cuesta cientos de miles de dólares. Entonces, quienes se interesan son los otros: los políticos profesionales que nunca han producido o sufrido para pagar un rol de pagos. Los alza manos de ciertos partidos políticos que tienen estructura y financiamiento.
Solamente existen dos visiones en el mundo: la fiscalista y la de un Estado que gaste menos para que el ciudadano tenga más dinero en su bolsillo con el que pueda emprender y consumir más. Los últimos diez años nos dominó la primera, convirtiéndonos en el país dolarizado más caro del mundo. ¿Esto fue bueno para la competitividad? No. ¿Mejoró el poder adquisitivo de cada uno de nosotros o la generación de empleo adecuado? Tampoco.
Sin embargo, pareciera que la oposición legislativa centrada con mayoría en el socialismo del siglo XXI, anhela seguir por la senda de la última década. Es obvio que los resultados no van a ser diferentes, sino que serán peores, porque por lo menos en este momento, el empresariado tiene esperanzas de cambio. Cuando estas se desvanezcan, no vendrá la inversión, pero sí las consecuencias.
En agosto constatamos cómo el SRI recaudó más durante un ligero crecimiento económico producto de la derogación de las salvaguardias y la reducción de dos puntos del IVA en el mes de junio. Ahora, imaginémonos los resultados favorables que se producirían si se deroga el anticipo de impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas; se modifica la Ley de Plusvalía; se suscitan más modalidades de contratación laboral; se reducen los costos de la energía necesaria para producir competitivamente; se logra mayor eficiencia en las compras públicas para no dilapidar recursos; se mejoran las condiciones de financiamiento y se cumple con el drawback para el sector exportador. Algunos de estos temas deberían ir a la consulta popular para que el reducto correísta en la SENPLADES no impida estas mejoras.
Ecuador es un país pequeño. No por su superficie, porque existen países con territorios menos extensos que multiplican nuestro PIB y no cuentan con riquezas naturales. Es pequeño en cuanto a su forma limitada de pensar. No está consciente que el siglo XXI está marcado por la tecnología, globalización, innovación y competencia. Perdemos tiempo debatiendo cosas que ya fueron superadas en el horizonte de los países que tienen una calidad de vida superior. El tren hacia un futuro próspero está arrancando sin nosotros, pero podemos alcanzarlo.