Después de todo, en una democracia la soberanía radica en el pueblo y él es el árbitro de sus derechos. Ni el presidente ni la Asamblea –y menos la Corte Constitucional– tienen la potestad para impedir que el poder constituyente se pronuncie sobre la conveniencia o no de un cambio legislativo o constitucional. Ello configuraría una grave infracción al orden público. Si hay un derecho inalienable que tenemos los ecuatorianos es a decidir libremente qué nos conviene.
Lo anterior vale recordarlo, a pesar de su obviedad, porque comienzan a salir voces para oponerse a que tal o cual asunto le sea consultado a la ciudadanía porque ello constituiría una “regresión de derechos”. Se olvidan de que el presidente tiene un amplio margen de discreción para convocar a plebiscitos, pues, según la Constitución, lo puede hacer sobre “los asuntos que estime convenientes” (art. 104). Los ciudadanos veremos luego cómo pronunciarnos –a favor o en contra– sobre los asuntos que el jefe de Estado estimó “convenientes”, nosotros juzgaremos si el asunto constituye o no una “regresión de derechos”.
¿Nos conviene o no a los ecuatorianos, por ejemplo, que los titulares de los organismos de control sigan siendo designados por el Consejo de Participación Ciudadana, o si tales designaciones deberían hacerlas la Asamblea Nacional de candidatos presentados por el Ejecutivo, y para ciertos casos con la participación de otros altos organismos estatales, como sucede, por ejemplo, en Chile? ¿Nos conviene o no, por ejemplo, que el Estado pueda celebrar convenios de cooperación con organismos internacionales para que ellos designen un fiscal especial para investigar delitos como los de peculado, lavado de activos, etc., tal como sucede en otras naciones? ¿Nos conviene que reinstituyamos la norma constitucional que fue aprobada por referéndum popular en 2008 por la cual la reelección presidencial se limitaba a una sola vez? ¿Nos conviene que se sancione penalmente a los funcionarios que dispongan de dineros depositados en el Banco Central, y cuya administración corresponda a otras entidades ajenas a ellos?
Y así por el estilo. Estos señores ya abusaron y robaron por una década para ahora creerse dioses y pretender decidir ellos si tal asunto es una “regresión” o no de nuestros derechos. La ciudadanía espera que la consulta haga viable la designación de nuevas autoridades de control, fiscales y magistrados, que sean lo suficientemente independientes para que puedan enjuiciar al jefe de la mafia, a su cajero estrella y al resto de la banda; y para que, además, siente las bases de una democracia y economía moderna.
Pero a veces parecería que la consulta es simplemente un instrumento para zanjar una pugna personal o un conflicto político del movimiento oficialista. No es que dicha pugna sea irrelevante, sino que hasta mientras el país parece navegar al garete, llevado por la resaca de una década perdida. (O)