Más allá de que en el Ecuador exista exceso de tramitología para iniciar cualquier emprendimiento formal, el comercio es una ocupación noble, porque todas las personas están calificadas para desenvolverse en ese ámbito. Aquello no sucede, por ejemplo, para ser funcionario público, donde se exigen muchos requisitos académicos para ser contratado.
La prosperidad se logra con empleos y es el sector privado quien genera nueve de cada diez empleos adecuados. El comercio, después de la agricultura, es el sector que crea la mayor cantidad de empleos. No el sector público, que depende de la productividad de los contribuyentes para poder pagar los sueldos de los servidores públicos.
Los países que progresan son los que tienen un ecosistema amigable con la empresa privada, porque de ella dependen los empleos que les permiten subsistir a las familias.
No fue buena idea que la Función Ejecutiva siente en la mesa de negociaciones del Consejo Consultivo a representantes de una institución recaudadora como el SRI, porque su misión es cobrar más para mantener los gastos excesivos de un Estado que paga más en deuda, que en educación y salud juntas. Al SRI no le interesa si las empresas son menos competitivas por el exceso de pagos de impuestos, solamente quiere recaudar.
Las propuestas transversales y recurrentes de todos los sectores fueron la eliminación del pago del anticipo del Impuesto a la Renta y del Impuesto a la Salida de Divisas, y otras medidas tributarias urgentes para la reactivación comercial. Esos tributos, han contribuido a la destrucción de miles de empleos en los últimos años, afectando de mayor forma a los micro, pequeños y medianos comerciantes, quienes llegan a pagar una tasa efectiva de Impuesto a la Renta de hasta del 46%. Una realidad que afecta al comercio.
El Gobierno desea devolver gradualmente a las compañías privadas el pago en exceso del anticipo del Impuesto a la Renta. El SRI dice que eso le costaría al fisco $ 230 millones, cuando la realidad es que el Estado se apropió indebidamente ese valor. No se puede hablar de costo, cuando ese monto nunca fue del gobierno. La administración pública debería devolver ese dinero con intereses.
Una forma de reducir los gastos estatales es delegando a empresas privadas la prestación de los servicios públicos de agua potable, riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, servicio postal u otras de naturaleza similar. Eso ya está determinado en el artículo 41 de la Ley de Modernización vigente. De esa manera, la empresa privada crea empleos adecuados y productivos; logrando la prosperidad de los desempleados, de una manera sustentable y sin que el Estado siga gastando ineficientemente sus recursos. Además el gobierno recibirá los impuestos que estas compañías generen durante su operación.
Es obligación del gobierno equilibrar las finanzas públicas, eliminando los gastos improductivos y corrigiendo los ineficientes. Por ejemplo, las compras públicas deben realizarse a precios de mercado y no como ahora, que las instituciones públicas llegan a pagar hasta cuatro veces más de lo normal.
Las funciones del Estado deben controlar la hemorragia de recursos públicos que ocasiona la corrupción. Nada de esto es responsabilidad de la sociedad civil, por lo que no habría que incrementar la carga tributaria. Recursos públicos existen, lo que sucede es que están mal administrados. (O)