La convocatoria la hizo al tiempo de negar el pedido de que se la suspenda de inmediato. Para los demandantes, debía haberse buscado antes alguna vía “…que permita que se desarrollen actividades inherentes al giro del negocio de la empresa con lo que el empleador pueda cumplir con sus remuneraciones…”.
Es innegable el problema social de los trabajadores de cualquier empresa que liquida. Pero para operar se requiere de capital, y no es la Superintendencia de Compañías la llamada a proveerlo. El que requiere Gamavisión no es poco, y tampoco lo puede proveer una decisión judicial.
Veamos cifras: solo en 2016 (no hay aún de 2017) hubo pérdidas por más de cinco millones. El Estado aumentó el capital -con recursos públicos, no de “publicidad”- en casi cuatro millones, para tratar de disimular la quiebra. El informe del gerente revela que en 2013 y 2014 se trampeó al SRI, entregando menos de lo percibido y retenido, por IVA e Impuesto a la Renta, y según el auditor externo lo exigible de inmediato (más allá del delito) es casi diez millones. El mismo 2016 se declaró gastos “no deducibles” por casi cinco millones (cuenta 806). Esos escandalosos gastos, o nada tienen que ver con la generación de ingresos, o no están soportados en comprobantes de venta legales. ¿En qué se usó esa plata?
Es impensable que el Estado inyecte más dinero público para soportar la quiebra. Que inversores privados se hagan cargo no es viable, al menos a corto plazo, por la absurda restricción de la Constitución para que, quien tiene otros negocios, invierta en medios de comunicación. No hay otra salida que liquidar los activos para indemnizar a los trabajadores, sin perjuicio, claro está, de enjuiciar a los responsables del atraco.
Nota: El 2 de marzo fue inscrita la disolución. Gamavisión no puede ya operar (Ley de Compañías, art. 379). Lo sigue haciendo, al margen de la ley (al menos hasta la mañana del jueves 8).