Los recientes atentados terroristas ocurridos en la provincia de Esmeraldas que le costaron la vida a tres soldados ecuatorianos y herido a once más, han dejado al descubierto el grado de indefensión en el que se encuentra nuestra frontera norte y la poca capacidad del gobierno ecuatoriano para reaccionar ante los complejos desafíos a la seguridad nacional, generados como efectos colaterales de los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno colombiano y las FARC.
Luego del último atentado las expresiones de solidaridad de nuestros políticos hacia el gobierno y las fuerzas armadas no se han hecho esperar; pero eso sirve de muy poco si al mismo tiempo no se exigen respuestas claras ante los graves interrogantes que han surgido sobre las motivaciones, recursos y alcance de los grupos irregulares que han puesto en peligro la vida de militares y civiles ecuatorianos. El Presidente de la República de manera apresurada atribuyó los atentados a una retaliación resultado de la lucha de su gobierno contra la delincuencia organizada, afirmación realizada sin ninguna prueba o dato que la respalde y que haya sido presentada a la ciudadanía.
Ante la gravedad de los hechos, el Presidente Moreno no puede pretender que los ecuatorianos nos quedemos tranquilos solo con vagas declaraciones de intenciones de que se buscará a los culpables y se los llevará ante la justicia. El país requiere anuncios concretos sobre las acciones que se tomarán para enfrentar a esa mezcla explosiva resultado de la movilización hacia el sur de los disidentes de las FARC que rechazan el acuerdo de paz y de los narcotraficantes que han encontrado en Ecuador una vía de tránsito más segura, ante la inacción de nuestras autoridades. Si a esto se suma la serie de medidas tomadas por el gobierno anterior para debilitar la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas; el que nuestras fronteras quedaran expuestas al peligro era solo cuestión de tiempo.
A falta de anuncios concretos presentados por nuestro itinerante Ministro de Defensa, me permito sugerir tres acciones que resultan urgentes ante la amenaza que enfrentamos. La primera es que el gobierno nombre una comisión de alto nivel conformada por las autoridades de seguridad del gobierno, miembros de la oposición y ex ministros de defensa que realice una investigación profunda sobre la actual capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la amenaza de nuestra frontera norte. Esta comisión debería presentar sugerencias sobre las inversiones necesarias (si fuera el caso) para dotar a nuestros uniformados de las herramientas indispensables para enfrentar a los grupos irregulares. Le corresponderá al gobierno presentar en forma paralela una propuesta de reducción del gasto público que permitan financiar estas inversiones en defensa, con el objeto de no agravar la delicada situación fiscal.
La segunda es que el gobierno debe presentar ante la Asamblea Nacional y ante el país, la nueva estructura que tendrá el Sistema Nacional de Inteligencia, ante el anuncio presidencial de eliminación de la Secretaria Nacional de Inteligencia (SENAIN) “por motivos de austeridad y por un clamor ético de la ciudadanía”. A los ciudadanos nos debe quedar claro que luego de diez años de un manejo inescrupuloso de las fuerzas de seguridad del estado por parte de un gobierno autoritario que no dudó en utilizarlas para perseguir a periodistas y opositores, no se pase a una situación en la que se descuiden las tareas de inteligencia necesarias para hacer frente a los desafíos de la seguridad interna y externa.
Finalmente, el gobierno ecuatoriano debería presentar sus excusas ante el gobierno colombiano y abstenerse de seguir albergando las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La arbitraria decisión del gobierno anterior de servir como anfitrión de esos diálogos, no fue producto de un consenso nacional como hubiera correspondido y genera señales ambiguas de una posible neutralidad en un conflicto del que también nosotros hemos sido víctimas. Las continuas violaciones al cese al fuego realizadas por el ELN, incluyendo un atentado contra el oleoducto que conecta a nuestro país con Colombia, mientras se desarrollan los diálogos de paz en Quito; constituyen razones suficientes para dar por terminada nuestra colaboración en ese proceso, más aún cuando no se ha descartado que sean elementos del ELN quienes estuvieron detrás de los atentados en Esmeraldas.
La lamentable pérdida de vidas de soldados ecuatorianos en lo que constituye el tercer atentado terrorista significativo que ocurre en lo que va del año en la provincia de Esmeraldas, muestra a las claras de que a pesar de que estuvimos avisados, nuestra frontera norte sigue gravemente amenazada por grupos irregulares que están dispuestos a recurrir a cualquier método para conseguir sus objetivos. El Gobierno Nacional tiene la grave obligación de enmendar las desacertadas decisiones del régimen anterior, cuyas acciones y omisiones han debilitado la capacidad de respuesta de nuestras Fuerzas Armadas. La seguridad de los ecuatorianos requiere medidas efectivas no meras declaraciones de buenas intenciones.