Aludía a la implementación de capacitaciones. Le respondí que la honradez es una virtud que viene desde el hogar. No existe seminario que convierta a una persona en honesta a los cincuenta años. Uno es o no es. Eso no cambia en el tiempo.
Lo cual nos lleva a preguntarnos qué tipo de autoridades estamos eligiendo. Eso es vital, porque ellos son los que van a seleccionar a los demás funcionarios que podrían incumplir el ordenamiento jurídico.
Cuando vemos que se han cometido omisiones (en el supuesto menos grave) para controlar a los delincuentes de la frontera norte durante la década ganada; hubo corrupción al por mayor; se irrespetan los acuerdos internacionales y la legislación nacional para implementar #paquetasas recaudatorias, uno tiene la certeza de que los autores y cómplices de estos actos fracasaron en el sector privado porque nadie quiere hacer negocios con personas así.
Entonces, optan por el sector público. El resultado es que ciertos revolucionarios tienen los techos de sus hogares saturado con dinero mal habido. Y ese ejemplo le dan a la juventud. El mensaje es: “hazte funcionario público para enriquecerte”. Complican toda forma de emprendimiento como un medio para obtener más dinero producto de la corrupción.
Esa es la razón por la cual el Estado nunca va a reducir su tamaño. No les conviene. Al contratar a más funcionarios, estos se convierten en votantes obligados del oficialismo.
El modelo es extractivista. Los delincuentes, que promueven un Estado absolutista, extraen dinero a los honrados, que somos la mayoría. Por eso es vital fomentar poderes del Estado independientes e inclusivos. Que eviten la posibilidad de que estos malhechores delincan sin ser sancionados. Una vez que la regla y las consecuencias de su incumplimiento queden claras, a nadie se le ocurrirá intentar. Solamente cuando el arca está abierta campean los maleantes.
Los gobernantes deberían ser el ejemplo. No pueden actuar ilegalmente y exigir un comportamiento diferente de parte de la ciudadanía. Ni siquiera alegando que la infracción se justifica por un bien supremo. La ley aplica a todos y traza los límites sobre los que podemos actuar. En el sector público es más estricta: solamente se puede hacer lo que está expresamente permitido. Actualmente la transgreden para recaudar más impuestos o exigir cosas sin sentido que benefician a algún “amigo” de ellos.
La sociedad civil debe enviar un mensaje de tolerancia cero. Usar la fuerza legítima para perseguir a los delincuentes de la frontera. Tampoco aceptamos el saqueo de las arcas del Estado o el abuso del poder. Los servidores públicos están para servir, no para servirse. Caso contrario, vamos a perecer a manos de estas personas que nos exigen pagar más tributos para camuflar una administración deficiente, mientras nueve de cada diez empleos adecuados provienen del sector privado. El dinero debe estar en ese sector, que es el creador de prosperidad.