Uno de ellos pretendió frustrar la voluntad popular de varios millones de ecuatorianos que votaron en el pasado plebiscito por sancionar la corrupción y el abuso de poder. Así de sencillo. Una sola persona, en un cantón respetable, sin duda, pero perdido en la geografía de la política ecuatoriana, de modo sorpresivo desautorizó al Consejo de Participación Transitorio que está intentando transparentar las cosas. A veces con un poco de aturdimiento motivado por la prisa, pero con el respaldo de la mayoría del país y con la recta intención de cortar el nudo gordiano que todavía amarra al país con la oprobiosa década que amordazó la libertad y despilfarró los fondos públicos.
El juez Aguilar Heredia “suspendió la suspensión” de los concursos para elegir fiscales y entró en los anales de los jueces que conceden amparos y protecciones raras. Todo ello porque el Consejo de la Judicatura no quiere ser evaluado ni renovado en claro desafío al mandato popular.
“A veces me parecía que el Presidente Roldós anteponía sus relaciones personales al bien del país” dijo una vez Osvaldo Hurtado de Jaime Roldós, lo que motivó el resentimiento de sus allegados. La frase es aplicable a muchas épocas y a muchas personas. Y ojalá no se le aplique al actual Presidente, que expresó en su momento su respaldo y confianza al actual Presidente del CNJ. Parece haber reflexionado y en la ultima cadena informativa tomó su distancia.
El problema del actual CNJ es muy simple: fue un ejecutor de las órdenes del anterior Presidente de la Republica. Es posible que haya hecho una buena obra a nivel de la infraestructura de la función judicial. Hoy los espacios son amplios y las salas de audiencias son modernas. Se puede trabajar mejor. Pero el CNJ fue partícipe de un aparato represor de jueces, abogados y ciudadanos, en línea directa con el Palacio de Gobierno y su departamento jurídico, tal como lo han evidenciado varios ex funcionarios del poder judicial.
“Resuelvan así” era la máxima que salía de las Presidencia, y el CNJ asentía. Y, lógicamente, los jueces atemorizados resolvían “así”. Los abogados que ejercemos la profesión sabemos del temor que tenían los jueces de resolver algún caso a favor de los particulares cuando al otro lado estaba alguna institución del Estado. Aunque la pretensión del Estado fuese a todas luces ilegal e injusta.
Las llamadas “acciones de protección”, diseñadas para proteger a los particulares de los abusos del Estado, han terminado “protegiendo” al Estado a tal punto que las instituciones publicas acuden a la Corte Constitucional para que les reparen sus “derechos humanos” en el raro evento de que algún juez se hubiese atrevido a resolver en contra de la institución publica. Lo que algunos políticos, jueces y dirigentes en general no parecen entender es que estamos en una época de restauración. O tratamos de estarlo. De restauración de libertades, de transparencia, de honestidad, de diálogo. Incluso los diputados “morenistas” parecen no entenderlo. Y en épocas de restauración lo mas importante es que el gobierno que parece impulsarla, lo haga de verdad y no la boicoteé.
La restauración nacional exige que se deje trabajar al nuevo Consejo Transitorio y que se separe a las autoridades de control de la Función Judicial, como la Asamblea separó al Fiscal. Mas allá de la decisión de un juez de Balsas y de lo bonitas que han quedado las salas de audiencias.