Seamos claros: la extinción de la Supercom reconoce que sus conocidas desviaciones no fueron exclusivo producto de las arbitrariedades del exsuperintedente, ya castigado en lo político aunque -todavía- no en lo judicial. Esa extinción reconoce que en verdad jamás debió crearse tal organismo juzgador de un rosario de “infracciones”, sancionables administrativamente, con las que se pretendía mantener atemorizados a los medios de comunicación.
Que el señor Ochoa haya además torcido aquel catálogo de “infracciones”, extendiéndolo a situaciones ni siquiera previstas, no soluciona, pues, el tema de fondo, cual es el en sí mismo perverso sistema de amordazamiento que se construyó para intentar callar a la prensa. Cortar la mala yerba como el exsuperintendente no es suficiente para solucionar el problema. Hay que atacar la raíz.
En esa línea debe quedar bien clarito, en la ley que se dicte, que la extinción de la Supercom no pasa solo por eliminar al ente burocrático y liquidar personal y unos activos. En realidad hay que aniquilar el mafioso mecanismo que, con el pretexto de defender derechos ciudadanos -que siempre han sido y son exigibles en vía judicial- iba dirigido a maniatar a los medios. Para ello hay que derogar también el listado de “infracciones” y sanciones a este aparejadas, bien entendido que, en esa forma, el Estado se ahorrará los costos de seguir litigando en los procesos judiciales ya iniciados para impugnarlas, y muy posiblemente se ahorrará también el valor de las indemnizaciones a pagar a los afectados, exigibles por las descaradas violaciones al debido proceso cometidas por la Supercom (Constitución, art. 11, 9º), como ya ha empezado a ser reconocido en varias sentencias judiciales.
Muerto el perro, se acabó la rabia.