El mercado laboral

La solución de fondo no es esa, sino eliminar el monopolio público. El IESS siempre estará mal administrado porque sus autoridades no tienen incentivos para que suceda lo contrario. Carece de propietario que tenga interés económico en la institución para que esta funcione eficazmente.

El IESS tendrá déficit en el área de jubilación en los próximos años y ya sufre ese inconveniente en las cuentas de salud. Es un modelo colapsado, que requiere dar paso a administradoras de fondos de pensiones privadas (AFP) y empresas de medicina prepagada que compitan en servicios y rentabilidad para captar clientes. El IESS puede quedar como una opción para los trabajadores que decidan invertir sus aportes en esa institución.

Todo esto suscitaría ahorro nacional que se reinvertiría en la productividad. Las AFP chilenas cumplen ese fin administrando ciento cincuenta mil millones de dólares. Ese dinero financia el emprendimiento y el crecimiento de las empresas. Un círculo virtuoso que sustenta el aumento de empleos y mayores tributos que subvencionan al Estado.

Es necesario activar este círculo virtuoso en Ecuador porque existe una deuda en la creación de empleo para la población económicamente activa. Solamente el 41 % de los 8´164.425 ecuatorianos que pueden trabajar tiene empleo adecuado. Esto se complementaría con otro aspecto fundamental en una estrategia pro-empleo: crear nuevas modalidades de contratos de trabajo. Así, los que están en las categorías de empleo inadecuado, subempleo y desempleo podrían acceder a un empleo adecuado. Sin derogar las modalidades actuales, originando nuevas opciones en el sector privado para quienes se encuentran en situación de informalidad o desempleo. La Organización Internacional del Trabajo sugiere el contrato por horas y el contrato a plazo fijo para cumplir ese fin.

Si bien es cierto que nueve de cada diez empleos adecuados provienen del sector privado y este ha venido cumpliendo con su rol, las funciones del Estado no lo han apoyado, sino lo contrario.

El sector privado ha quedado imposibilitado de contratar más, a menos que se produzcan las reformas legales pertinentes y se mejore el ecosistema de negocios. Los políticos deben permitir que el Derecho evolucione acorde a los tiempos que vivimos para mejorar la calidad de vida de sus electores.

No tiene sentido financiar becas universitarias y obstruir el financiamiento a emprendedores y empresarios. Peor cobrar impuesto a la renta en la transferencia de acciones, evitando que capitales frescos compren compañías locales para hacerlas crecer en números de empleos. Tampoco dificultar los negocios con tramitología excesiva. Ni hablar de incrementar el IVA a los seguros privados de personas con fines recaudatorios. Es hora de simplificar los procesos para el bienestar de la mayoría y la creación de empleos.

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