Ecuador, domingo 24 de junio de 2018

Garantías a inversiones

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Al proyecto de ley de larguísimo nombre que, sobre “atracción de inversiones”, está en tramite en la Asamblea, se le olvidó un importante capítulo: desarmar el artificio que, para tener vía libre para pisotear las garantías de estabilidad negociadas con inversores, se creó en la ley sobre asociaciones público-privadas, de diciembre de 2015.


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Pongamos claro el contexto: entre los pilares para la atracción de inversiones no puede dejar de estar el que, en general, las controversias que lleguen a producirse, por violación de las garantías dadas por ley o contrato para que se haga una inversión, deban ser dirimidas no por jueces locales, nombrados y controlados por el propio Estado que tiene interés en la disputa, sino por tribunales arbitrales internacionales, independientes de las partes.

La ley sobre asociaciones público-privadas tiene al respecto un tramposo mecanismo: si bien el art. 15 empieza simulando dar, en su primer párrafo, estabilidad jurídica “a los aspectos regulatorios sectoriales y específicos que hayan sido declarados como esenciales en los correspondientes contratos”, en el tercer párrafo hace una maniobra con la siguiente reserva: “La estabilidad jurídica no recaerá sobre las normas declaradas inconstitucionales o ilegales por el tribunal competente, durante la vigencia de los contratos”. No huelga recordar la cadena de mando y obediencia con los jueces durante el régimen Correa.

El círculo se cierra con el art. 20, que excluye, incluso del arbitraje que se hubiese pactado en el contrato, cualquier “acto que se derive directamente de la potestad legislativa y regulatoria del Estado ecuatoriano”, es decir, precisamente, aquellos casos en que se estuviese pretendiendo, con nueva regulación, pisotear la estabilidad asegurada al inversor en el contrato.

La Asamblea debe enmendar el proyecto presentado por el Ejecutivo y derogar semejante ardid. Si en verdad se busca atraer inversiones, no puede el Estado cambiar las reglas del juego, a su antojo e impunemente. No es mucho pedir. Se trata solo de ser serios.