Hay ahora un precedente claro con respecto a este asunto. Es probable que la jueza haya querido curarse en sano y evitar que, en el decurso del proceso, la defensa del exdictador, en el país o en el exterior, alegue nulidad con el argumento de que se violaron reglas del debido proceso por no haberse solicitado tal autorización a la Asamblea Nacional. Pero, de cualquier forma, hay ahora jurisprudencia correcta, pues dicha autorización no es necesaria para encausar a los expresidentes.
El secuestro es un delito de extrema peligrosidad. Es un acto de barbarie condenado por todos los estados y por cortes internacionales. Un delito que se agrava cuando lo planean y ejecutan funcionarios y agentes de un Estado. Históricamente este tipo de secuestros “políticos” han sido la antesala del asesinato o la desaparición forzada. Así comenzaron los regímenes de la Alemania nazi y la Italia fascista, y así pasó en las dictaduras latinoamericanas. Un secuestro aquí, un secuestro allá, hasta convertirse poco a poco en una práctica habitual, sembrando así el terror en la sociedad. En los Estados Unidos el secuestro se sanciona hasta con 20 años de prisión. En los países europeos, incluyendo Bélgica, las sanciones son, asimismo, muy severas. Y es que con el secuestro la víctima pierde el derecho más importante que tiene que es su libertad. Sin ella, sin su libertad, la víctima de un secuestro no puede defender ni siquiera su propia vida; queda a la merced de sus secuestradores, como queda un esclavo a la merced de su amo.
Lo sucedido con el exasambleísta Fernando Balda debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. De quedar impune este hecho, o lo que es igual, de no ser sancionados severamente sus autores (intelectuales y materiales) y sus cómplices, el riesgo es que esto se repita en el futuro. Como muchos otros delitos que cometió el exdictador y su pandilla, este puede y debe ser procesado por la justicia ecuatoriana, quien deberá pedir la asistencia de la Interpol para detener a quienes residan en el exterior. Lo que les faltó a los jueces en la pasada década fue lealtad para con el derecho, y lo que les sobró fue temor ante el poder. Hay una enorme deuda del Poder Judicial para con el país. Cuando más los necesitábamos, los jueces no estuvieron allí para defendernos del abuso, la corrupción o la extorsión. La remoción del anterior Consejo de la Judicatura es un avance positivo que comienza a dar frutos.
El filósofo marxista Antonio Gramsci decía que la historia enseña lecciones, pero lo que le faltan son discípulos. Los ecuatorianos debemos esforzarnos para evitarlo. (O)