El tsunami de votos que le ha llevado a Los Pinos (30 puntos de diferencia sobre el siguiente candidato) tiene su origen en el indudable hartazgo de muchos mexicanos con la corrupción y la inseguridad que ahogan al país desde hace décadas y que los partidos del régimen que se habían alternado en el poder (PRI Y PAN) se mostraron incapaces de atajar, cuando no fueron cómplices en su extensión.
Esa avalancha de voto popular anticipa una liquidación más o menos ordenada de ese régimen y deja a López Obrador con un amplio margen para conformar el futuro de la segunda economía de América Latina. Por primera vez desde que México comenzara a celebrar elecciones libres, alguien a quien la izquierda considera su representante más nítido alcanza la presidencia, con un claro programa de cambio social.
En los más de 40 años que lleva en política (algunos de ellos en las filas del PRI), López Obrador se ha distinguido precisamente por ese activismo social en un país plagado por las desigualdades. Ello, junto con su calculada ambigüedad en asuntos económicos durante la campaña, había suscitado no pocos temores y acusaciones de que su mandato podría acabar descalabrando a México por una espiral de gasto desbocado y crisis financiera.
Resulta por ello muy significativo que entre los primeros mensajes que el presidente electo se apresuró a transmitir en su primer discurso el domingo por la noche figurase el compromiso de respetar la autonomía del banco central. A ello se sumó otro en la misma línea de tranquilizar a los actores económicos nacionales y extranjeros: pese a la necesidad de buscar reacomodos en los Presupuestos tras el masivo voto por el cambio del domingo, el futuro presidente se comprometió a no aumentar la deuda, así como mantener la ortodoxia financiera.
Pese a los contrastes, México es una sociedad moderna y vibrante. Muchos en el país (y fuera) temen que el triunfo indiscutible de López Obrador ponga en riesgo las frágiles instituciones que los mexicanos se han esforzado en levantar desde los cimientos.
La debilidad en la que quedan los partidos derrotados augura no solo una profunda reorganización del tablero político, sino también un periodo de debilidad forzada en su labor de oposición y fiscalización del poder. Los mexicanos aprecian sus instituciones (como el instituto electoral que ha garantizado la limpieza de estos comicios) y tolerarían mal cualquier retroceso, especialmente en la independencia judicial o la libertad de prensa.
Es alentador que el futuro presidente (solo asumirá el cargo el 1 de diciembre) haya hecho referencia expresa a todas estas sombras de su campaña: abogó por la “reconciliación” de todos los mexicanos, prometió defender y ampliar las libertades individuales y sociales, y respetar las instituciones. Habrá “cambios profundos”, pero serán siempre dentro de la Constitución y las leyes. El enigma López Obrador comienza a desvelarse. Solo cabe desear que el resultado redunde en un México más igual, más rico y más libre.