Dicha institución ha sido designada por el Gobierno belga como la Autoridad Central para tramitar todo lo relacionado con las extradiciones, ya sean extradiciones para traer a Bélgica a prófugos ubicados en terceros países, como extradiciones para enviar a prófugos desde Bélgica a terceros países. Esa oficina será la encargada de procesar no solo la solicitud de extradición que ha sido recientemente emitida por el desacato de una medida cautelar en el caso del secuestro del exasambleísta Balda. A ella también deberán enviársele las otras solicitudes de extradición que podrían derivarse del peculado incurrido en el mencionado secuestro, el asesinato del general Gabela, el esquema corrupto de la comercialización del petróleo, la adjudicación dolosa de pozo Singue, el fraude del llamado 30-S, los negociados de los contratos publicitarios y otros delitos.
El secuestro, el asesinato, el peculado son conductas que están tipificadas como delitos en Bélgica. Ese no fue el caso del líder catalán Carles Puigdemont. En su caso la justicia belga creó varios obstáculos a su extradición fundamentalmente por el hecho de que al líder catalán se lo acusó del delito de rebelión, que es una figura no reconocida por la legislación penal belga. Pero, como decíamos, ese no es el caso de nuestro exdictador.
Si bien Bélgica tiene una ley muy antigua sobre extradición, pues es de 1874, muchas de las reglas que hoy sigue esa nación en esta área son producto de la jurisprudencia, de instrumentos internacionales, y sobre todo de la cooperación y práctica diplomática. Contrario a lo que en un momento se dijo, con el Ecuador existe un tratado de extradición que, aunque es de vieja data, no deja de ser un instrumento jurídicamente vinculante. El procedimiento de extradición en Bélgica no difiere sustancialmente del que siguen otras naciones. Hay varias etapas, desde el inmediato arresto del prófugo –luego de la intervención de la Interpol– y la participación de un juez investigativo hasta un posible petitorio a la corte suprema. El trámite resulta más sencillo tratándose de resoluciones definitivas que de aquellas provisionales.
Inclusive si la persona cuya extradición se solicita fuese de nacionalidad belga –que parecería que no es el caso del exdictador– la ley permite su extradición bajo ciertas condiciones. Una de ellas es que el ciudadano belga cumpla la sentencia en Bélgica. Además, dicho país, vale recordar, es signatario, al igual que el Ecuador, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
En fin, las autoridades belgas pronto comenzarán a constatar el perfil criminológico de quien lideró una suerte de banda organizada de delincuentes que asaltó las arcas fiscales dejando al país en quiebra, y que no se detuvo ni ante el secuestro, el asesinato, las deportaciones masivas, el espionaje, la falsificación o el fraude.
Por ello es la importancia de que los procesos sigan como hasta ahora: apegados al derecho y conducidos de manera profesional. (O)