Veto a arbitraje

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Alrededor de 1990 cayó en Albania el régimen comunista que imperó desde el fin de la 2ª Guerra Mundial. Aislada y con la economía por los suelos, abrió su economía a los mercados dictando leyes para fomentar la inversión extranjera. La más importante, la Ley 7764, entró en vigor en enero de 1994.

Según esa ley, las inversiones extranjeras no podían expropiarse (o ser afectadas por medidas equivalentes) salvo por fines de orden público, y siempre que se lo hiciese sin discriminación y mediante el pago previo de una compensación pronta y al justo valor de mercado (arts. 4 y 5). Para completar la red de seguridad legal se hizo una oferta en firme de arbitraje a los inversores (art. 8, 2º): las disputas por expropiaciones o por sus compensaciones serían resueltas, a decisión del inversor, mediante arbitraje ante el Ciadi (Banco Mundial).

Albania tiene hoy 3 millones de habitantes, bastante menos que Ecuador. Y en 2017 recibió inversión extranjera por más de 1.000 millones de dólares, bastante más que Ecuador…

El presidente Moreno rechazó la semana anterior la propuesta legislativa (incluida en la ley de “atracción de inversiones”) según la cual se consentía anticipadamente que los conflictos con el Estado, por “inversiones o contratos” superiores a diez millones de dólares, sean resueltos mediante “arbitraje regional en derecho” (art. 37.2). El principal argumento fue que con ello se “despojaría” al Estado “…de un mecanismo de negociación, cuya aplicación es conveniente en situaciones específicamente tasadas mediante un análisis de costo-beneficio según el tipo de vínculo o proyecto de inversión” (como ya lo es hoy, según las leyes vigentes).

La tesis de la negociación caso a caso es conservadora en exceso. La actual crisis y la urgente necesidad de atraer gran volumen de inversiones, imponen medidas audaces, que rompan la desconfianza heredada por los no pocos arbitrarios pisoteos a inversores, producidos en el régimen anterior.

La palabra final la tiene la Asamblea: puede insistir en su propuesta con dos tercios de sus miembros.

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