Pueblo de memoria frágil

Carlos Emilio Larréategui
Quito, Ecuador

Son 158 días ya, o talvez 159 o 160, nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que ya casi nadie habla del tema. Sin embargo, el asesinato de Javier, Efraín y Paúl fue mucho más grave de lo que los ecuatorianos apreciamos.

El pasado 26 de marzo, apenas unos meses atrás, fueron secuestrados Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas en Mataje, provincia fronteriza de Esmeraldas. Estos valientes periodistas de diario El Comercio fueron raptados mientras cubrían en esta región los violentos sucesos en plena ebullición durante esos días. A la abducción siguieron días de confusión y angustia: la información era contradictoria, ninguno de los gobiernos involucrados daba respuestas claras y contundentes. Entretanto los ecuatorianos empezábamos a sentir por primera vez la angustia y desamparo que supone una amenaza de esta naturaleza.

Y después, repentinamente, el 13 de abril el gobierno anunciaba como un hecho consumado desde el mismo día del secuestro, el asesinato de los tres periodistas por parte de sus captores. Anuncio que presagiaba el desenlace de otro secuestro ocurrido apenas dos días antes, el de Óscar y Katty, el cual terminó en una tragedia similar pocas semanas después. Y el que, cual víctimas de una lobotomía, desechamos incluso más rápidamente. Estos hechos, inéditos en el Ecuador, tomaron a sus ciudadanos por sorpresa sembrando desconcierto e incluso hoy, meses después, sin encontrar respuestas suficientes.

Lo sucedido posteriormente fue más confuso aún. La información disponible no fue revelada en su totalidad y los informes oficiales publicados por Ecuador y Colombia mostraban serias inconsistencias entre sí, como por ejemplo algo simple como la nacionalidad del líder del Frente Oliver Sinisterra, alias Guacho. Posteriormente nos enteramos que algunos mandos de la Policía Nacional estuvieron en contacto con integrantes de la banda terrorista vía WhatsApp y que las comunicaciones existían incluso desde antes del plagio de los periodistas de El Comercio. ¿Por qué la Policía estaba en comunicaciones con la banda terrorista? ¿Por qué se utilizaba un medio informal como WhatsApp para algo tan crítico? Las autoridades nos deben algunas respuestas no menores.

La tragedia más grande dentro de esta crónica funesta y confusa no es nada de lo que he relatado hasta aquí si no el trato que la sociedad viene otorgando al tema. Como si fuera un episodio más de una telenovela semanal, la sociedad civil de alguna manera ha logrado rápida y quizá artificialmente superar las tragedias ocurridas en la frontera norte. Mientras El Comercio publica diariamente en su portada un solemne lazo negro en memoria de sus compañeros caídos en cumplimento de su profesión, la sociedad ha optado por abandonar el tema, no indagar más ni cuestionar que sucedió realmente allí. Más importante aún, no ha exigido respuestas ni acciones que aseguren un mínimo de justicia y la prevención de que algo similar ocurra a futuro.

Quizá la eventual captura del líder de la banda narcoterrorista Oliver Sinisterra, algo más alcanzable después de la noticia esta semana de que habría sido herido y rodeado por fuerzas militares colombianas, pueda ayudar a otorgar algo de justicia y claridad al caso. Así mismo, aplaudo la llegada del avión de vigilancia estadounidense Orion P-3, pues es la herramienta adecuada por su tecnología de punta en la lucha contra el narcotráfico que ya está siendo utilizada con hechos palpables desde su primera semana en operaciones: una tonelada de droga incautada cerca de las costas de nuestras Islas Galápagos.

Aun así, los hechos acaecidos en la frontera norte tienen más calado del que hemos sabido reconocer como ecuatorianos. Nada más mirar al vecino país del norte y la tragedia vivida como consecuencia del narcotráfico nos puede dar una idea del riesgo que conlleva el fenómeno de las disidencias de las FARC y otros grupos armados que buscan refugio en nuestro territorio. Como ciudadanos debemos cuestionar las acciones que nuestro gobierno emprenda frente a esta grave amenaza.

Así mismo, nos corresponde exigir respuestas y justicia por lo ocurrido con Javier, Efraín, Paúl, Óscar, Katty y varios militares valerosos asesinados en defensa del País. Como ecuatorianos es nuestro deber memorarlos a través del cuestionamiento activo, la exigencia a nuestros líderes políticos y un trato serio y responsable como sociedad al tema del narcoterrorismo. Nada nos garantiza que lo que han vivido tantos otros países en la región no contagie ahora territorio ecuatoriano.

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