Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
El Consejo de Participación presidido por el doctor Trujillo pidió, con resolución del 19 de septiembre, la renuncia de los vocales encargados del Consejo de la Judicatura, doctores Merlo, Rigail, Aragundi y Porras (no del doctor Albán pues este ya había anunciado su retiro a partir del viernes 21). Claro que no lo hizo con esas palabras, sino con refinado lenguaje circular. Primero, dispuso que los citados vocales encargados no evalúen a la Función Judicial y particularmente a la Corte Nacional de Justicia. Segundo, y más grave, dijo que “no podrán ejecutar las facultades previstas en el numeral 3 del artículo 181 de la Constitución de la República…”.
Las facultades más importantes del Consejo de la Judicatura están precisamente en ese artículo 181, 3º: “Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción”. Impedir que nombre jueces o fiscales, ascenderlos o sancionarlos, más allá de delicadezas idiomáticas es un claro pedido de renuncia a sus miembros (y posible antesala de remoción, de no darse aquella).
El hastío por el nivel chulesco al que se llegó en el Consejo de la Judicatura es bastante obvio. El Consejo de Participación, en su resolución del 19 de septiembre, si bien empieza argumentando que los vocales encargados no tendrán tiempo para concluir la evaluación de la Corte Nacional, agrega que la renuncia del doctor Albán “altera el funcionamiento interno y la composición original del órgano encargado”, como si tal renuncia impidiese nombrar un reemplazo y que sigan actuando los otros cuatro.
¿Desconfianza sobrevenida? Es posible. Leer entrelíneas al comisionado Xavier Zavala lo sugiere: “La Judicatura no logró la cohesión necesaria para enfrentar el reto; no logró la cohesión para avocar una tarea tan importante como es la evaluación de la justicia del país”, lo que inmediatamente me recuerda, no sé por qué, las cartitas del vocal Rigail dando instrucciones, no pidiendo informes, a jueces y fiscales, a la intolerable vieja usanza.