Maríasol Pons
Guayaquil, Ecuador
Cuando las instituciones -pilares de la democracia- son desprestigiadas, bien sea porque han sido ultrajadas por las autoridades a cargo o por un paulatino desprestigio de la clase política; los ciudadanos sentimos una especie de abandono, pues la vida está enmarcada en patrones donde la institucionalidad es fundamental para una coexistencia saludable.
Dentro del esquema nacional e internacional del estado de derecho y de soporte a dichas reglas de coexistencia que van de lo micro a lo macro y viceversa; se da la suprainstitucionalidad: instituciones cuya autoridad está amparada en la firma de tratados o estatutos entre naciones soberanas.
Cuando en nuestro país se avasallaron todo tipo de derecho fundamentales, los ciudadanos miramos expectantes a que una institución externa acuda en respuesta de nuestro llamado de protección. Nuestras instituciones, contaminadas por el ejercicio puro del correismo, no daban garantía de derechos, nos sentimos vulnerados. El proceso para esa descontaminación será continuo porque acogen vicios anteriores al correismo que lo que éste hizo fue potenciar. Es importante ahondar en esta realidad.
El paralelismo Venezolano-Ecuatoriano nos llevó a algunos a sorprendernos de la aparente lentitud de organismos como la OEA con el tema de la Carta Democrática ante la situación venezolana. Nos preocupamos cuando vimos a residentes de Ecuador ser deportados por disentir, cuando vimos a gente golpeada en las calles por asediar el perímetro policial que protegía a Correa de la masa protestante -que cada vez crecía en volumen y tono desafiante-. Nos preocupamos cuando vimos a un ciudadano ser encarcelado por aplaudir, fue impactante ver a las fuerzas militares entrar en Saraguro violentamente ante una población que no representaba ese nivel de peligro. Ante estas y muchísimas otras preocupaciones los organismos internacionales parecían ser indiferentes. La inmediatez de la realidad no se compagina con el paso de los organismos internacionales y ese es el punto de análisis.
En la última semana se anunció que seis naciones presentarían una acción frente a la Corte Penal Internacional para investigar, por crímenes de lesa humanidad, al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Por fin en América – a pesar de la tibieza de gobiernos como el nuestro- se hace algo para detener a ese lamentable ser humano, además de que la medida es una novedad por su naturaleza. El debido proceso será el que la Corte acoja según lo determina la norma y debemos respetarlo. Esto evidencia un mundo con velocidades muy distintas donde las instituciones pueden caer entrampadas en esa “demora” en su capacidad de respuesta. Es por esto tan importante que las instituciones nacionales funcionen y no sean menoscabadas por malas prácticas, pues su funcionamiento es medular a la existencia de lo supranacional. Reforcemos el mismo nivel de exigencia puertas adentro porque lo uno alimenta lo otro.
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