Giuseppe Cabrera V.
Madrid, España
Con cierto recelo deberíamos recibir la noticia de la destitución de las ahora ex asambleístas Norma Vallejo y Sofía Espín, Que no se me malinterprete: estoy de acuerdo con que sus acciones daban para una destitución del cargo, pero el procedimiento con el que se dio… ¿fue democrático?
Hay dos elementos constitutivos de la calidad del legislador, según la Ciencia Política, que le permiten ejercer su calidad de representantes, en un sistema ideal de separación de poderes: la imposibilidad de destitución de sus cargos y la prohibición del mando imperativo. El último no es otra cosa que el actuar sin pensamiento propio, solo como emisario de lo que dicten los electores o de la orden de la dirigencia de su partido político; el mandato imperativo, está prohibido en nuestra legislación, además que por cuestiones de practicidad es casi imposible aplicarlo a nivel de electores y elegidos; del primero por el contrario, la destitución del cargo de legislador, la doctrina política se ha flexibilizado, para encontrar formas de que se ejecute, sin que esto afecte la independencia del representante legislativo.
Buen ejemplo de eso, son las revocatorias del mandato y una destitución por parte del órgano colegiado legislativo, también puede ser otra, como en el caso de Vallejo y Espín, pero siempre que cumplan con varios parámetros de institucionalización fuertes. Así entonces debió darse la destitución de las asambleístas, con una votación de dos tercios de la Asamblea, que a la final se consiguieron los votos con Espín, 94, no así con Vallejo, 89. Esto resulta importante porque se complementa con el principio de inmunidad parlamentaria que permite a los asambleístas fiscalizar al ejecutivo y judicial, sin temor a represalias, dándole autonomía e independencia sobre sus decisiones.
Mi recelo surge entonces, porque se ha marcado un precedente negativo, que con apenas 70 votos, el mismo legislativo pueda desechar a uno de sus miembros. Algo que no es difícil de conseguir con el sistema electoral actual que mantenemos en Ecuador que, aunque en teoría proporcional, propende a favorecer a las grandes mayorías. Partidos políticos con sobre representación como el caso de AP en 2013, que con el 50% del apoyo popular lograron el 75% de representación en la Asamblea, poco más de 100 asambleítas. Aparte de que nuestro sistema de partidos, carece de partidos: son en la gran mayoría maquinarias electorales de lideres personalistas; eso nos pone en peligro de caer en otro líder populista, con altos niveles de popularidad, que podría dar la orden a sus vasallos legislativos para destituir a los asambleístas de oposición, como otrora lo hizo Correa, injusta y antidemocráticamente; incluso podría resultar tentador para ciertos asambleítas alternos, vender a sus compañeros de formula, por la promesa de la principalización. Solo recordemos que por mucho menos se vendieron los alternos del Congreso de los manteles.
He visto que ya varios hablan de que se ha abierto la puerta para “depurar” la Asamblea. No podemos caer en juicios de valor moralista, sobre la “depuración” de la voluntad popular, que no son más que argumentos aristocráticos y antidemocráticos. Deberían causarnos miedo aquellos nostálgicos de la inquisición, que buscan eliminar aquellas partes no tan agradables de los efectos democráticos. Por supuesto que sé que muchos de nuestros asambleístas, no dan la talla para ejercer el cargo de legisladores, pero no podemos decirnos demócratas solo cuando ganan nuestros estereotipos ideales de políticos. La profundización de nuestros sistemas democráticos, pasa por la institucionalización de nuestros órganos del poder público, cerrando las puertas a que aquellos pintorescos representantes que tenemos, puedan pasar por encima de la constitución y las leyes, como fuentes primarias de la soberanía popular.