Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
El reconocimiento que ha hecho un exasambleísta de Alianza PAIS sobre cómo el exdictador llevaba un control escrupuloso de las “contribuciones voluntarias” que los legisladores y sus asesores debían hacer supuestamente a su movimiento político, y que llegó a sumar decenas de millones de dólares, no hace sino revelar el grado de corrupción que emanaba de la cabeza de ese régimen y que infectó a todo el Estado. Los llamados diezmos (¿fueron reportados al CNE, al SRI, había contabilidad?…) es otra forma de robarse fondos públicos. En este caso por quienes estando en una posición de poder abusan de ella. Es quizás el mejor ejemplo del delito de concusión.
Los ministros, legisladores, asesores, jueces y demás empleados públicos no son de propiedad de los políticos. Es a los ecuatorianos a quienes deben servir. Es a la ley a las que deben lealtad. Sus sueldos salen de las arcas fiscales, salen de nuestros impuestos, de nuestro patrimonio, precisamente para que cumplan sus deberes con todas sus capacidades y vivan con un mínimo de dignidad. Estos principios básicos fueron enterrados por esa gran lavandería que instaló la mafia correísta.
No deja de haber un gramo de ironía. Fue precisamente Carlos Marx el que en su obra El capital sostenía que los salarios de los obreros no reflejaban su valor, pues los capitalistas se apropiaban de una parte de ellos gratuitamente. Es su teoría de la plusvalía. Parecería que esto es lo que hacían nuestros revolucionarios, con la diferencia que el surplus que se llevaban provenía de los sueldos públicos, es decir, de nuestros bolsillos.
Ahora podría entenderse para qué sirvieron esos viajes en aviones presidenciales a paraísos fiscales (¡qué increíble que aún no haya autoridad que llame a declarar a los pilotos!), sino también el origen de los caballos de pura sangre de ciertos funcionarios, de sus haciendas y mansiones, de los viajes que el exdictador se da por el mundo, de los honorarios para defender a la mafia y, en fin, de toda esa pléyade de nuevos ricos cuya mediocridad es solo comparable con su cinismo.
Decirnos que los diezmos deberían ser tolerados porque no es algo nuevo, es como justificar la violencia contra la mujer porque “así son las cosas”. Los diezmos son tan graves como los atracos de la comercialización petrolera o de las hidroeléctricas. Todos deben sancionarse con rigor. Además, la legalidad no es el único estándar de la conducta humana. Hay algo más importante que la ley para juzgar a las personas, y es la ética. Si hay una conducta de un funcionario contraria a la ética, este debería dejar su cargo inmediatamente. Es lo que sucede en muchos países donde junto a las leyes hay códigos de ética pública (escritos o no) cuya violación trae severas consecuencias.
Claro que toda esta inestabilidad podría afectar la economía. Pero la economía peruana viene creciendo por años a tasas envidiables, y con gran inversión extranjera, a pesar de los juicios a García, Fujimori, Toledo, Humala y Kuczynski. (O)