Gonzalo Orellana
Londres, Reino Unido
El gobierno presentó su presupuesto para el año 2019, un presupuesto que refleja los problemas fiscales que tiene el país: una masa salarial rígida y difícil de reducir, un creciente gasto para pagar intereses de deuda, el pago de la irresponsabilidad de Correa con el IESS y como no una cantidad enorme de dinero para pagar subsidios a los combustibles. Alrededor de 3.5 billones de dólares, según el cambio recientemente hecho que se irán en subsidiar la gasolina, el diésel y el gas de uso residencial. Para poner la cifra en contexto la primera línea de metro de Quito cuesta $2 billones. Si, con un solo año de subsidios a los combustibles podríamos construir el equivalente al mayor proyecto de infraestructura hecha en la ciudad y nos sobraría plata.
Esto se debe a que el precio de la gasolina extra, Eco país y el gas llevan congelados casi dos décadas, siendo la única excepción la gasolina Súper que subió en julio de este año. La reducción o focalización de los subsidios se ha convertido en un tabú político en Ecuador, bajo el argumento de que una subida de precios generaría una crisis social y política. A continuación presentaré algunos argumentos que desmienten esto y sobre todo ideas sobre cómo se podría reducir la carga fiscal que estos subsidios generan al mismo tiempo que se pueden lograr otros objetivos económicos positivos.
Empecemos por el principio, ¿Dónde van los subsidios? Si miramos el año 2018 según el BCE hasta octubre hemos gastado $1.64 billones de dólares, cifra que llegará los $2 billones a fin del 2018, de los cuales alrededor de $900m se van en Diésel, $700m en gasolinas y $400m en gas. El subsidio al Diésel beneficia a los más de 300 mil autos comerciales: 223 mil camiones, 33 mil buses y 46 mil vans que existen en Ecuador según datos de la AEADE, y aunque oneroso puede estar justificado si tomamos en cuenta que significa subsidiar el transporte público y reducir costos logísticos.
El subsidio al gas de uso doméstico es más difícil de justificar dado que una buena parte termina en usos industriales, en contrabando a países vecinos o en hogares de alto poder adquisitivo que utilizan más gas que un hogar de bajos ingresos. La manera más fácil de reducir el subsidio seria trasladarlo a los hogares con menos ingresos, por ejemplo a través del Bono de desarrollo humano, al mismo tiempo que se pasa a cobrar el precio internacional del cilindro de gas, como se hace en Perú y Colombia, países con similar nivel de ingresos a nuestro país.
El mayor problema está en la gasolina, pues el subsidio es más costoso que el del gas y porque los beneficiarios tienen más ingresos que los beneficiarios del subsidio al diésel. Esto no quiere decir que todo quien posee un auto es una persona rica, y es por ello que la reducción de subsidios tiene que complementarse con otras medidas para moderar el impacto. En el país existen casi 2 millones de autos livianos, también según la AEADE, 577 mil son camionetas, 419 mil son todoterrenos y casi 1 millón son automóviles.
¿Cuáles son los argumentos tradicionales que se utilizan para evitar una reducción de los subsidios? La primera es que puede ser una medida inflacionaria. El dato más reciente es que la inflación anual a noviembre es de apenas el 0.35%, esto pese a que se subió el precio de la gasolina Súper en alrededor de 60 centavos. Esta subida prácticamente no ha tenido impacto en los precios del resto de bienes, y aunque la gasolina extra es más utilizada por vehículos de trabajo como pueden ser ese medio millón de camionetas antes mencionado, dado el bajísimo nivel actual el miedo a la inflación no parece estar justificado.
El segundo argumento que suele mencionarse es que puede generar rechazo social, sobre todo en sectores muy dependientes de la gasolina como taxis, vehículos de reparto o pequeños empresarios que ofrecen sus servicios de puerta en puerta. Para evitar este problema se deben tomar dos medidas, la primera es que la subida sea gradual, por ejemplo se podría hacer subidas de 10 o 15 centavos anuales a lo largo de los siguientes 3 años, esto permitiría a los usuarios planificar sus gastos y al mismo tiempo que el impacto sea moderado.
Las otras medidas que se pueden plantear son de compensación. El Ecuador tiene la segunda gasolina más barata de Latinoamérica, solo superior a Venezuela. Por el contrario el precio de los autos es absurdamente alto, esta es una de las razones por las cuales un 27% de los vehículos del país tiene más de 20 años y un 10% tiene más de 35 años de vida.
Un arancel de 35% mas 12% de IVA y 3% de ICE hacen que los autos en Ecuador cuesten alrededor de 50% más que en otros países, paradójicamente aun los autos hechos en Ecuador deben enfrentar un 15% de arancel a las partes importadas. Este es uno de las primeras medidas que el gobierno podría tomar, eliminar aranceles a la importación de piezas no solo reduciría el costo de los autos sino que sería un gran incentivo para las 4 ensambladoras y 92 empresas de autopartes que actualmente generan más 6 mil puestos de trabajo, permitiéndoles por ejemplo exportar. Esta reducción de aranceles podría aplicarse también a repuestos, llantas, lubricantes y otros bienes que ayudarían a abaratar el costo de mantenimiento de quienes poseen un carro. Adicionalmente hay que continuar con la búsqueda de acuerdos comerciales que implicaría reducir los aranceles a los autos como se ha hecho con la Unión Europea. Países como México, Corea del Sur y Japón están en la agenda de acuerdos comerciales del gobierno y son todos importantes proveedores de carros en Ecuador.
Cualquier plan de reducción de subsidios debe enmarcarse en una política ambiental de sustitución de vehículos de combustión por vehículos eléctricos. El país tiene una de las matrices energéticas menos contaminantes del mundo, alrededor de un 80% de la capacidad instalada es energía renovable, por lo que es un candidato natural a moverse hacia vehículos eléctricos o por lo menos híbridos, de hecho ya existen esfuerzos aislados para promover dichos vehículos como la reciente compra de buses eléctricos por parte de una empresa de transporte en Guayaquil o el uso de taxis eléctricos en Loja, otros deberían seguir su ejemplo.
El Ecuador lleva décadas subsidiando el transporte privado en carros a gasolina, podríamos utilizar mejor nuestros recursos en incentivar la compra de vehículos eléctricos o híbridos que además reduzcan la contaminación de nuestras ciudades. Los autos eléctricos están revolucionando la industria automotriz y tarde o temprano el mundo entero pasará a ellos, a nivel global el 2018 cerrará con ventas de 2.1 millones de vehículos eléctricos, casi el triple que en 2016, según el Bloomberg New Energy Forum. La pregunta que debemos hacernos es ¿Porque esperar cuando podemos beneficiarnos desde hoy?
A nadie le gusta pagar más por algo que actualmente le cuesta poco y por eso la estrategia de todos los gobiernos ha sido la inacción. Las necesidades fiscales producto del mal manejo económico de la década pasada impiden a este gobierno seguir utilizando la misma estrategia. La reducción de los subsidios no tiene por qué ser traumática, otros países lo han hecho, puede ayudar a corregir distorsiones en los precios que los ecuatorianos pagan para comprar un carro o por su mantenimiento, incentivar la industria automotriz nacional y además ayudar a modernizar el parque automotor del país con vehículos más limpios y eficientes.