Admitámoslo, por favor

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

El escándalo de las vinculaciones del narcotráfico con ciertos elementos de las Fuerzas Armadas es la más reciente revelación que nos viene del exterior sobre cuán sólido es el rascacielos de la corrupción en el Ecuador. Pero este no es el único caso en el que los ecuatorianos nos enteramos sobre esa impresionante solidez gracias a investigaciones o acciones adoptadas en otros países.

Lo mismo sucedió con la red de corrupción Odebrecht (gracias a las investigaciones en Brasil); el secuestro del exasambleísta Fernando Balda (gracias al proceso seguido en Colombia); el asalto de la Refinería de Esmeraldas (gracias a las revelaciones de los Panama Papers); las coimas del caso Caminosca (gracias a un arbitraje comercial en Miami); la corrupción judicial en el caso Chevron (gracias a un juicio por asociación ilícita en Nueva York); la corrupción en el fútbol (gracias a una denuncia de la Fiscalía estadounidense); y así por el estilo.

El caso más patético probablemente sea aquel de ecuatorianos que han sido sentenciados y encarcelados por la justicia federal en Miami por delitos cometidos en Ecuador, pero que a su vez incurrieron en violaciones a leyes de esa nación. Es más, la justicia estadounidense ya ha recuperado algunos millones de dólares en casos de corrupción vinculados con nuestro país. Algo que para nosotros se ha convertido en una quimera. No es que no haya hechos de corrupción develados en el Ecuador, pero es evidente que vamos a la zaga frente a las investigaciones que ocurren en otras naciones.

Esta paradoja es explicable. Salvo muy pocas excepciones, nuestro sistema judicial está colonizado por mafias políticas y grupos económicos deshonestos. La banda delincuencial correísta no hizo sino profundizar y llevar a extremos insospechados el tutelaje de intereses creados que ya existía sobre la justicia antes de 2007. Lo que hay ahora es una lucha intestina entre los nuevos ricos que nacieron a la sombra del correísmo y quienes a escondidas les exigen una parte de esa gigantesca torta. Una suerte de tercera vuelta o reparto que se juega sobre los escombros morales de una justicia ausente. Luego de lo cual vendrá seguramente otro capítulo similar, e così via.

¿Por qué entonces la renuencia (o indiferencia) de algunos a un convenio internacional con las Naciones Unidas para confiarle a un fiscal extranjero y a un equipo técnico especializado muchas de las acciones que –admitámoslo, por favor– jamás las emprenderá un fiscal ecuatoriano por muy decidido que sea? La lucha contra la corrupción y la recuperación de activos no se logran con buenas intenciones, discursos y lirismos. Ella es tarea de profesionales y técnicos con experiencia, más aún hoy que la corrupción es esencialmente un fenómeno transnacional. Una comisión como la mencionada contribuiría, además, a formar un cuerpo especializado de jóvenes fiscales y policías honestos –que sí los hay– libres de toda presión impuesta por los capos.

¿O es que se prefiere seguir en esa farsa de la simulación y silencio que nos tiene condenados a ser una nación atrasada, pobre y corrupta? (O)

Más relacionadas