Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
No hay respuesta para las preguntas que hice el pasado martes desde esta columna. Eran preguntas simples y que muchos ecuatorianos se las hacen a diario. Y eso que, por falta de espacio, no pude plantear otras como, por ejemplo, ¿cómo así se fugó Fernando Alvarado y qué se ha hecho para detenerlo, si pareciera que está en el país? O, ¿por qué no ha sido aún procesado su socio por su despilfarro de fondos públicos en propaganda oficial y el impresionante enriquecimiento de sus empresas publicitarias durante su función pública? Y como su caso, hay decenas de sinvergüenzas que se están pasando de agache.
Pero nada se hace. Es evidente que el Estado ha sido cooptado por mafias de la corrupción política y del narcotráfico. Durante la última década se tejió un entramado de poder que colonizó los corredores institucionales del país, bajo el silencio cómplice de varios políticos y empresarios. Muchos no caen en cuenta de esta aterradora realidad o no les importa o, peor aún, parecería que prefieren conservar esa estructura de poder paralelo para usarla ahora en su beneficio. Admitámoslo, la corrupción y el narcotráfico dejaron de ser asuntos circunstanciales de nuestra vida pública. Ambos fenómenos se han desplazado de la periferia hacia el centro de nuestra política. ¿O es que alguien cree, por ejemplo, que no es la masa gigantesca del dinero producto de la corrupción y del narcotráfico, masa de dinero que circula en esa gran lavandería en que se ha convertido el país, lo que ha impedido que nuestra economía colapse como debió colapsar hace años gracias a las torpes políticas económicas de una pandilla de mafiosos e ineptos?
Para desarmar esa estructura de poder, debo insistir, se requiere urgentemente una comisión internacional permanente contra la impunidad. Pensar que esa tarea puede efectuarse sin la cooperación internacional es no saber, o no querer saber –escondiendo la cabeza bajo tierra–, el enorme poder y dimensiones internacionales del monstruo que se nos ha instalado en el país. ¿Que la soberanía sería mancillada? ¿Acaso la soberanía disuadió a los delincuentes involucrados en el asalto de Coca Codo Sinclair –denunciado recientemente por el New York Times– o en la triangulación con Petrochina, o en los sobreprecios de las carreteras, o en el regreso de Odebrecht (asuntos que de paso nadie investiga…)? ¿Por qué a los inversionistas extranjeros se les concede el privilegio de que sus controversias con el Estado sean resueltas por tribunales internacionales y no por la justicia ecuatoriana, mientras que a los ecuatorianos se nos niega tener una comisión internacional permanente bajo el paraguas de la ONU, formada por técnicos, peritos, fiscales, investigadores, etcétera, gente con experiencia internacional y sin vínculos con nuestro país, para que nos ayude a luchar contra las mafias políticas y los narcotraficantes, a recuperar lo robado y a formar un personal ecuatoriano de primera línea? Así como los inversionistas extranjeros desconfían de la justicia ecuatoriana, los ecuatorianos lamentablemente tenemos similares razones para lo mismo.
(O)