Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Decía en mi columna del pasado 7 de diciembre (Delatar dinero corrupto) que, a esa época, habían pasado ya dos meses desde que había sido presentado (el 9 de octubre de 2018) el informe para primer debate de un proyecto de ley llamado de “Recuperación de Capitales”, preparado por la Comisión de Participación Ciudadana, que preside el asambleísta Héctor Yépez.
Ese proyecto, en esencia, propone entregar incentivos económicos de hasta el 20 % a quienes, sin haber participado en delitos que causan daño patrimonial al Estado, den información que permita ubicar y recuperar no solo los bienes “objeto” de la infracción sino cualquier otro que sirva para reparar el perjuicio (arts. 8 y 1.3).
Más allá de que, con tuit del 12 de diciembre de 2018, el legislador Yépez aclaró que en verdad ya había habido primer debate pero que “está suspendido en el pleno” (lo que a fin de cuentas da igual), lo cierto es que hasta hoy el tema no avanza. Y eso que el proyecto original, de julio de 2018, es de autoría de la propia presidenta de la Asamblea.
Hay ahora, además, un segundo proyecto que -detalles más, detalles menos- propone crear igual incentivo. Es el de ley “anticorrupción” del presidente Moreno, de septiembre de 2018, cuyo informe para primer debate fue entregado ya, por otra Comisión, la de Justicia, el 9 de enero de este año. Es de suponer entonces que debiera haber cierto consenso sobre el asunto del incentivo. Esto no puede quedar en puro postureo. Tampoco quemado en criolla hoguera de vanidades.
A fuer de perseverante recuerdo que en el mundo entero el sistema de delaciones está resultando eficaz instrumento para atacar el bolsillo de los delincuentes. A la banca internacional hay que convertirla en gran aliada: si aplicando la normativa global sobre lavado de activos detecta intentos de blanqueo de fondos sucios conectados con delitos contra el Estado, tiene que ayudar a recuperarlo (recibiendo además el incentivo). O quebrar si decide ser cómplice, de lo que es buen ejemplo la Banca Privada de Andorra, lavandería -entre otros- de Odebrecht.