CNT: la “estratégica”, a concesión.

Ricardo Noboa
Guayaquil, Ecuador

Todos escuchamos al consejero de gobierno anunciar la concesión de la administración de CNT a una empresa privada. De pronto recordé aquellos episodios del año 2002 durante los cuales ciertos políticos y empresarios se opusieron con uñas y dientes a la concesión de la administración de la entonces empresa de telecomunicaciones Pacifictel.

Se oponían porque ellos la manejaban. Y lucraban de la misma. Y se utilizó a la función judicial para detener el concurso conducido por un grupo de prestantes guayaquileños que integraban el Comité de Selección. Efectivamente el concurso se cayó y la empresa continuó siendo administrada por el Estado y usufructuada por ciertas mafias.

Bastante agua ha pasado bajo el puente y hoy, la antigua Pacifictel, convertida en CNT, maneja telefonía móvil y fija, internet y tiene un canal de televisión. Es decir, vale muchísimo mas. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma de hace cerca de veinte años: ¿debe el Estado administrar empresas eléctricas o de telefonía? ¿debe el Estado seguir siendo empresario? ¿es “regalar” los activos del Estado el entregar la administración de estas empresas a un operador privado? Las respuestas, posiblemente, sigan siendo las mismas dependiendo a que sector se las hagamos.

Habrá personas, como casi todo el gobierno anterior, que pensará que tratándose de sectores estratégicos, no pueden ser concesionados. Habrá otros, como yo, que pensarán que el Estado es un mal empresario y que, en realidad, no tiene por qué ser Gerente de ciertos negocios, pues lo estratégico es en realidad tener luz y telefonía baratas y de buena calidad sin necesidad de que las empresas sean públicas.

De hecho, la telefonía móvil la manejan empresas privadas, los canales privados de televisión son los de mayor sintonía, existen generadores de energía privados, y así con otros negocios. No hay bien mas estratégico que la comida y esta la producen personas de carne y hueso y se distribuye en supermercados o tiendas privadas. De modo que la cantaleta de los “sectores estratégicos” es un discurso desgastado de la izquierda y de todos los sinvergüenzas que se aprovechan de los bienes públicos como si fuesen de ellos. Por ende, en mi opinión, al igual que lo pensaba el año 2000, el Estado debe suplir las deficiencias en los verdaderos sectores estratégicos, como vivienda, salud y educación en lugar de meterse a gerente de la telefonía.

Pero hay dos problemas: el primero es la Constitución. La de Montecristi le puso un candado a los llamados “sectores estratégicos”. Y los blindó mas con la sentencia 001-12 expedida el año 2012 por la Corte Constitucional, la cual, al interpretar el art. 316 de la Constitución, indicó que el sector privado podrá administrar estos sectores “únicamente en casos excepcionales y siempre que lo permita la ley”, entendiéndose por circunstancias de excepción “el interés publico, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas”. Es decir casi nunca.

Ciertamente una empresa mixta en la que el Estado tenga mayoría accionaria puede administrar la telefónica. Lo que hay que ver es si empresas privadas, con suficiente capital para invertir, quisieran tener la minoría accionaria o participar en concursos auspiciados por el Ecuador, dada la inseguridad jurídica del país, la poca credibilidad de nuestra justicia y lo vago de la normativa, lo que lleva a tener, quizás, que acudir a la Asamblea para que permita expresamente la delegación al sector privado, lo que politizará indefectiblemente el proceso.

Esta dificultad nos lleva al segundo problema: que sean inversionistas nacionales los que participen en el proceso, pues los nacionales ya navegamos en los mares turbulentos del Ecuador. Pero eso, dadas las actuales circunstancias, es muy difícil.

El principal inversionista nacional en el área de las comunicaciones está bajo sospecha. Bajo sospecha de haber participado en delitos de lavado de activos dada su vinculación con el tío del ex vicepresidente, a quien le entregó cinco millones de dólares como “gratificación” por servirle de enlace, y con quien, según parece, armó un esquema para recibir un enorme aporte del exterior.

Por tanto, los requisitos para participar en cualquier concurso sobre esta materia, sean empresas extranjeras o nacionales, deberían tener como condición indispensable el no estar involucradas, de modo alguno, en este tipo de situaciones y, además, no tener inversiones en el sector a fin de no consolidar un monopolio. Sería dramático que, después de la opereta que vive el país con la “devolución de acuerdo al flujo de caja”, tengamos que vivir también la concesión de semejante empresa pública a sectores vinculados con Glory.

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