J. Eduardo Ponce Vivanco
Lima, Perú
Recientes espectáculos parlamentarios evidencian que la democracia en el Perú es sinónimo de guerra. El objetivo táctico es demoler al enemigo, no al adversario político. No importa que ello provoque reacciones como la expresada por algún congresista cuando dijo “…ahora están tomando de su propia medicina”, sin percatarse de que los perjudicados reaccionarían con las mismas armas. A la guerra entre el Ejecutivo y la que fue mayoría congresal sucede la guerra en el Congreso.
El Estado está organizado en los Poderes públicos establecidos en la Constitución, cuya función no es enfrentarse como ejércitos sino gobernar, legislar, impartir justicia y transmitir el poder mediante elecciones libres y genuinas en las que participen partidos o movimientos políticos estructurados. El Estado es administrado por los gobiernos que tienen el monopolio de la fuerza legítima. De ahí la necesidad de que el ciudadano sea efectivamente protegido por la Constitución, por la ley y por las sentencias judiciales que el Ejecutivo tiene la obligación de respetar y hacer respetar.
Guerra es destrucción y caos. Está en las antípodas de la democracia; un sistema político concebido para evitar el conflicto, y lograr el progreso y el bien común. Aunque sean nociones de abecedario, es clarísimo que se les ignora. No es necesario recordar el triste encadenamiento de circunstancias que nos han traído hasta aquí. Lo urgente ahora es cambiar la ruta de colisión por la que andamos porque solo conduce a callejones sin salida. O al abismo.
Sumergidos en la guerra Ejecutivo-Legislativo nos cayó el aluvión de Lava Jato, magnificado por la enorme y prolongada presencia de Odebrecht en la construcción de la gran infraestructura nacional, subsidiada por los mismos fondos públicos (BNDES) del Brasil (de Lula y Dilma) que favorecían a las empresas ”cartelizadas” alrededor de Petrobras. Y cuando la corrupción inundó la política nacional descubrimos que el sistema de justicia llamado a combatirla estaba también infectado. La lucha contra la plaga fue empuñada como una bandera flamígera por el nuevo presidente, heredero de un gobierno desprestigiado y un país convertido en reino de la sospecha generalizada, donde todos buscan un enemigo para crucificarlo, sea o parezca corrupto.
A medida que la indignación se expande, el liderazgo de la cruzada contra los herejes rinde frutos y transforma al mandatario novato y trabajador en un personaje político poderoso, aunque cada vez más secuestrado por su estrategia para cambiar el balance de fuerzas a su favor. Una estrategia que ha cumplido con creces la meta de revertir el equilibrio político, pero que se ha transformado en un dragón hambriento de dosis cada vez mayores del mismo nutriente. No importa sacrificar decisiones indispensables para el bien común como las que fomentan el desarrollo económico y la prosperidad. Para el gobierno es más importante alimentar la impresión de que la corrupción puede ser aún más grande.
El hecho de tener procesados por lo menos a cuatro presidentes, un juez supremo, un fiscal de la nación y una exalcaldesa metropolitana, además de la lideresa del principal partido de oposición en la cárcel, es apreciado en el exterior como una demostración de que, a pesar de sus falencias institucionales, el Perú libra una lucha eficaz contra la corrupción. Es una imagen real que debería estimular el esfuerzo del gobierno para mantener el interés de la inversión extranjera (Tía María, litio, etc.) en lugar de empujarla hacia países vecinos con sistemas políticos más ecuánimes.
Es una actitud inmadura que llama a reflexión. Nos encontramos frente a un preocupante resurgimiento del extremismo antiminero en el Sur (ver mi artículo: “El conflicto geopolítico que se gesta en el Sur”), y a las estrategias unificadoras del izquierdismo radical que apunta a las próximas elecciones y a su objetivo de liquidar el régimen económico de la Constitución de 1993. Son corrientes que se refuerzan recíprocamente y aprovechan el desastroso régimen de regionalización de Alejandro Toledo. El radicalismo intensificará sus acciones provocadoras frente a un gobierno aterrorizado y dispuesto a pagar cualquier precio para evitar el menor conflicto social, como lo demuestran diariamente el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y otros ministros.
Cada día estamos más lejos de las civilizaciones de los grandes mineros y buscadores de oro que poblaban las culturas de la costa peruana varios milenios antes que los Incas. Ahora abundan los buscadores maniqueos de corruptos, mientras las izquierdas se rasgan las vestiduras, atacan la minería y se empeñan en que retornemos al camino de la pobreza y la desesperanza que los peruanos rechazamos. [©FIRMAS PRESS]