Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
Esta es la historia de María. Ella laboraba en un canal de televisión privado que fue incautado. Tenía una carrera en ascenso y su trabajo era valorado por los dueños.
La faltaban cinco años para jubilarse. Fue testigo de los cambios. Pasó de ver cómo se cuidaban los recursos económicos para usarlos lo más eficientemente posible, a la época del despilfarro implantada por la nueva administración pública del canal.
Presenció la contratación de personal innecesario así como compras inútiles de todo tipo. No se requerían pero eran ordenadas por autoridades públicas externas, con objetivos políticos y de saqueo personal. La buena administración del canal había pasado a tercer plano.
Así, el medio pagaba sueldos, vehículos y guardaespaldas de personas que no trabajaban allí.
En el intervalo, le cambiaron a su jefe. El nuevo era el típico pipón corrupto que estamos tratando de eliminar de la cultura latinoamericana y que nos representa en el imaginario de quienes viven en países desarrollados.
El nuevo jefazo de María le hizo la vida imposible. Ella se aferró a su puesto para poder obtener la pensión.
Este relato resalta varias incoherencias. La primera, la situación laboral en Ecuador. Si María hubiera podido ahorrar en una administradora de fondos de pensiones privada, no habría tenido que asirse a un puesto en el que ya no disfrutaba invertir su tiempo. De hecho, sus relaciones familiares desmejoraron porque la presión que ejercieron sobre ella la hizo llorar casi todas las noches y su hija y esposo recibían lo peor de ella.
Hoy, María, supo que quedarse fue un error. Que su infelicidad durante el último quinquenio no valió la pena. Perdió más de lo que ganó. La vida es más que un trabajo para obtener una pensión. Hay que disfrutarla mientras se puede. Para lograr eso, hay que cambiar el monopolio que ejerce el IESS y el esquema de la jubilación patronal. María se hubiera podido cambiar de empleo y su pensión no habría estado en juego.
Seguramente el jefazo de María también tenía la consigna del pipón superior de acosarla para que renuncie y evitar el despido intempestivo.
El Código de Trabajo vigente nos castiga a todos. Evita que el trabajador aproveche nuevas opciones laborales o emprendimientos porque prefiere que lo despidan y así poder recibir la indemnización por ese concepto. Lo cual, lo hace menos productivo porque termina trabajando desmotivado.
También castiga al empleador porque es muy caro despedir a un trabajador improductivo o que incluso haya cometido un delito contra la empresa. En la legislación vigente, aún si el trabajador renuncia, hay que pagarle el desahucio, lo cual implica más egresos.
El canal, que en manos privadas era rentable, actualmente está quebrado, María no consiguió su pensión y todavía no se inician los juicios penales contra ciertos corruptos que administraron recursos públicos. Lo cual, también habla mal de la función judicial. Otra moraleja es que el Estado no debe administrar empresas públicas.
Quedan dibujadas las oportunidades que tenemos para mejorar. Son solucionables, excepto los cinco años que María perdió en el canal.