Jesús Ruiz Nestosa
Salamanca, España
La cumbre convocada por el papa Francisco en Roma para estudiar el tema de los casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes ha competido en la prensa española con otras noticias tan llamativas como el proceso judicial a quienes proclamaron, ilegalmente, la independencia de Cataluña y las próximas elecciones en el mes de abril.
No sé si en Sudamérica se le ha prestado la misma atención, ya que los testimonios y las cifras que se manejan son escalofriantes. La importancia que le ha dado el papa Francisco al problema ha hecho que las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos vieran esperanzados la posibilidad que por fin sus denuncias sean escuchadas y no silenciadas, como ha venido sucediendo. Así, la Congregación para la Doctrina de la Fe reconoció haber recibido, durante el pasado año de 2018 el doble de denuncias que el año anterior. Es decir, están alrededor de novecientas y principalmente son de personas del sexo masculino, mayores de 14 años. Y un dato a ser tenido en cuenta: la mayoría de los casos provienen de América Latina. De acuerdo a la misma oficina del Vaticano, el promedio de denuncias recibidas anualmente, en las últimas décadas, era de 400 a 500. Sin embargo, el número de sacerdotes sancionados es muy reducido.
En el momento de establecer responsabilidades la Iglesia ha recurrido con harta frecuencia a la idea de la “absolución de los pecados”. Incluso, un obispo español, en su homilía dominical llegó a hablar de que los sacerdotes son seres humanos que pueden tener momentos de debilidad, como los tenemos todos, y caer en el pecado. Pero el abuso sexual, además de ser un pecado, que se absuelve con el arrepentimiento y el pago de una penitencia, es también un delito. De allí que muchas de las víctimas de estas prácticas, que fueron más frecuentes de las que uno se pudiera imaginar, desean, no tanto que se les pida perdón, sino que los culpables pasen a la justicia ordinaria.
Miguel Hurtado, un ciudadano español que fue víctima del monje Andreu Soler, del celebérrimo monasterio de Montserrat, tiene sus dudas sobre esta cumbre. “Si el papa quisiera realmente solucionar el problema –declaró al periódico El País– la reunión sería de tres semanas y no de tres días. Pero puede ser positivo porque los ojos del mundo están puestos en el Vaticano. (…) Tienen que tomar medidas ahora porque si no en cinco años nadie les creerá”. Y sobre la declaración papal de “tolerancia cero” a los abusos sexuales, Hurtado opina que es “un concepto que el papa repite una y otra vez y debería clarificar. En los países más avanzados, tolerancia cero significa que si un sacerdote abusa de un niño una vez, se va a la calle. Pero eso solo se aplica a duras penas en Irlanda y Estados Unidos. En España hay sacerdotes condenados por la justicia y que han admitido los crímenes, que siguen formando parte de la Iglesia”. Según el mismo Hurtado: “Si no hay medidas concretas, no servirá de nada. Los abusos a menores son delito y tienen que ser juzgados por los jueces, no por los obispos”.
Coincidiendo con esta reunión, apareció un libro, “Sodoma. Poder y escándalo en el Vaticano”, del investigador francés Frédéric Martel para el cual dice haber entrevistado a 41 cardenales, 52 obispos, 45 nuncios apostólicos y embajadores extranjeros y más de 200 sacerdotes y seminaristas con la intención de conocer “el secreto mejor guardado” de la Iglesia. Habla así de los encubrimientos de los abusos sexuales a menores sin olvidar las campañas internas contra el papa Francisco.
Ante este panorama hay solo dos caminos de salida: que se tomen medidas que provoquen cambios profundos; o que, ante el descomunal escándalo, se resuelva barrer los pecados debajo de la alfombra y aquí no ha pasado nada.