Luis Fernando Ayala
Guayaquil, Ecuador
Este domingo los ecuatorianos acudiremos nuevamente a las urnas, para elegir autoridades locales y provinciales y para designar a los miembros de ese engendro del correísmo, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Los ciudadanos nos enfrentaremos a las que son probablemente las listas más largas de candidatos de los últimos lustros, compuestas en su gran mayoría por personas que resultan desconocidas para el electorado; y sin una cabal comprensión de las ideas que proponen ni los valores que representan.
Tan ridículamente grandes son las listas de candidatos, que a uno le puede pasar lo que me sucede a mí: me enfrentaré a una papeleta para Alcalde de Guayaquil, donde encontraré el nombre de no uno, sino dos de mis antiguos compañeros de colegio, ninguno de ellos con la más remota posibilidad de alcanzar el triunfo. En la era de las redes sociales, donde el éxito personal se mide por el número de seguidores en Instagram y de “amigos” en Facebook, una candidatura proporciona un buen medio para incrementar los likes en las publicaciones personales.
Esta multiplicidad de candidaturas lejos de mostrar una democracia vibrante y participativa, enmascara un proceso de degradación, que no es un accidente casual, sino el resultado de un esfuerzo deliberado de quienes pretendieron construir un régimen totalitario; donde en la práctica existiera un solo partido con posibilidades reales de difundir sus propuestas ante el electorado, abusando de la propaganda y medios oficiales. Todo amparado bajo un perverso sistema electoral diseñado específicamente para favorecer la permanencia en el poder de quienes lo ostentan.
En las radios de Guayaquil resulta llamativo escuchar durante esta campaña, extensas cuñas del Municipio enumerando cada uno de los 13 “parques acuáticos” con los que cuenta la ciudad (dato no menor para los sectores populares en el agobiante calor de los meses de invierno); junto a los brevísimos espacios que disponen los candidatos para en pocos segundos tratar de transmitir su mensaje a la ciudadanía. Esto que sucede en Guayaquil, no debe ser muy distinto de lo que ocurre en la gran mayoría de cantones y provincias del país.
A la infinidad de candidaturas y a la posibilidad de que las autoridades en ejercicio puedan promocionar obras en los medios durante el periodo electoral, debe sumarse la restricción que tienen los candidatos para pautar en los medios de comunicación cuyos espacios son asignados y aprobados por la autoridad electoral, la absurda obligatoriedad de los medios de dar la misma cobertura a los candidatos con opciones y a los intrascendentes, las limitaciones en el gasto electoral y la corta duración de la campaña.
Todos estos elementos hacen que el ciudadano común deba realizar un esfuerzo casi titánico, para informarse de las propuestas y trayectorias de los candidatos; esfuerzo que la mayoría de ecuatorianos desencantados con la política, no están dispuestos a realizar. Y eso tampoco es una casualidad. Es por ello que no resulta extraño que los candidatos con mayores opciones, sean aquellos con ocupaciones con amplia exposición mediática como: jugadores de fútbol, presentadores de televisión, comentaristas deportivos, entre otros.
La democracia ecuatoriana requiere reformas estructurales para recuperar la confianza de la ciudadanía. La primera de ellas: transparentar la conformación del Consejo Nacional Electoral otorgándole a las cinco fuerzas más votadas representación en el mismo; esto estuvo contemplado en la Constitución anterior a la de Montecristi y funcionó bastante bien, pero fue sustituido por una conformación de miembros supuestamente no vinculados a los partidos, pero donde descaradamente quienes lo presidían pasaban del despacho de la Presidencia de la República al CNE y viceversa.
Prohibir todo tipo de publicidad oficial durante el periodo electoral, debería ser una reforma cuya urgencia resulte obvia para todos. Luego, resulta imprescindible elevar el umbral para que los partidos y movimientos puedan alcanzar una representación en la Asamblea Nacional y mantener su registro electoral; desincentivando la existencia de movimientos de carácter local y fomentando la existencia de partidos de carácter nacional, a quienes pueda exigírseles altos estándares de democracia interna, lo cual en las actuales circunstancias resulta risible.
Finalmente, debe liberalizarse la contratación de la propaganda electoral y el financiamiento privado de las campañas, estableciendo incentivos tributarios para que las donaciones a los partidos se transparenten y se constituyan en gastos deducibles (al menos parcialmente), para quienes tienen la valentía de hacer público su apoyo a los partidos, que son parte vital de un sistema democrático.
Solo a través de una profunda reforma de nuestras instituciones democráticas, podremos prevenir que un electorado frustrado vuelva a ser seducido por los cantos de sirena del populismo autoritario; y de esta forma podremos dejar de vivir con la triste paradoja de contar con muchos candidatos y con poca democracia.