Editorial de diario El País
Madrid, España
La detención de Julian Assange por la policía británica pone fin a una situación anómala que comenzó en 2012 cuando el fundador de WikiLeaks se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para, en aquel entonces, evitar ser extraditado a Suecia, donde se le reclamaba por diversos delitos sexuales. Esa causa fue archivada en 2017. Assange siempre sostuvo que esas acusaciones eran un montaje tras el que se escondía la intención de Washington de lograr su extradición para poder procesarle. Por eso, explicó en su día, pidió asilo y violó las condiciones de libertad condicional de las que disfrutaba en Reino Unido. Ayer Londres informó de su detención, después de que el Gobierno ecuatoriano le hubiera retirado su protección y permitido la entrada de agentes en el recinto, y en virtud, precisamente, de una petición de extradición del Gobierno de EE UU.
Assange y su organización, WikiLeaks, han alcanzado notoriedad mundial por la revelación de documentos oficiales de varios Gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, en los que se pudieron comprobar violaciones de los derechos humanos o extensas redes y sofisticados sistemas de espionaje a la población civil. WikiLeaks ha trabajado en ocasiones junto a diversos medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos con EL PAÍS (durante la publicación de los llamados papeles del Departamento de Estado, en 2010). Frente a las acusaciones de conspiración, formuladas por Gobiernos demócratas o republicanos indistintamente, Assange ha mantenido siempre que la actividad de WikiLeaks defiende la libertad de información y la transparencia.
En cualquier caso, Assange merece un procedimiento justo, donde tenga la oportunidad de defender sus tesis y bajo ningún concepto puede ser sometido a un proceso secreto, relacionado con la seguridad nacional de EE UU. Si Suecia reabre la causa por abusos, el acusado tiene el derecho a comparecer primero ante el tribunal que originó esta situación. Otra decisión daría crédito a la tesis de Assange de que todo se trata de una argucia legal de EE UU para lograr castigar sus revelaciones.