Marea negra

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

La corrupción de Odebrecht en la región para conseguir contratos no solo devela la inmundicia de la alta clase política, de presidentes hacia abajo, sentenciados o procesados por recibir sobornos. También la de “empresarios” que, a guisa de subcontratistas o socios de la constructora, participaban en la entrega/fondeo de las coimas.

El caso del Perú es, de lo descubierto hasta ahora, el más escandaloso. Los cuatro presidentes que precedieron al actual están investigados por esta causa. Pero la marea negra de la corrupción no se detuvo en el asunto de conseguir contratos: contaminó también los arbitrajes en que debían resolverse las disputas entre Odebrecht y distintas entidades públicas peruanas que la habían contratado.

El ‘modus operandi’ fue designar repetidamente (19 casos en seis años) como árbitro a un sujeto llamado Horacio Cánepa, a quien, según la reciente delación (febrero de 2019) del extesorero de Odebrecht Luiz Da Rocha Soares, se le habría entregado más tres millones de dólares -no declarados- para que la favorezca en los tribunales de los que formaba parte. Los pagos fueron hechos en una cuenta en la Banca Privada de Andorra a través de la hoy bien conocida pantalla Klienfeld.

El ‘affaire’ Cánepa enciende una alarma sobre la forma en que los centros de arbitraje deben ejercer su rol en la formación de las listas de árbitros. Primero, evitando detestables compadrajes, tanto al incluir como, más importante, excluir, personas de esas listas. Segundo, actuando con firmeza cuando se deba decidir si se confirma, o no, a un árbitro designado por una parte de fuera de la lista. Tercero, dando publicidad sobre las actuaciones de los árbitros (número de casos en que han participado, quién los ha designado, y, más importante, aunque preservando la confidencialidad de los casos, cómo los han decidido).

Grave error sería mirar hacia otro lado. Odebrecht y Cánepa minan uno de los pilares fundamentales del arbitraje (la independencia e imparcialidad del árbitro). Un árbitro que se deja sobornar debe ser tratado como paria. Queda dado el mensaje.

El ‘affaire’ Cánepa enciende una alarma sobre la forma en que los centros de arbitraje deben ejercer su rol en la formación de las listas de árbitros’.

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