Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Al menos Alan García tuvo algo de vergüenza. No pudo soportar el bochorno de mirarse en el espejo de las contundentes pruebas de corrupción que lo habían comenzado a acorralar; como los últimos presidentes del Perú, él –un político tan sagaz, un hombre tan inteligente, un orador tan carismático– había también sucumbido a la corrupción de Odebrecht. Y un grupo de fiscales y jueces peruanos jóvenes que, por primera vez en la historia de esa nación, estaba decidido a someter a la ley a la clase política, lo tenía prácticamente en la cárcel.
En diciembre de 2018, el gobierno socialista de Tabaré Vázquez le había negado un asilo diplomático a García, quien contradiciéndose con las declaraciones que hizo al regresar al Perú sobre su inocencia, había ingresado a la Embajada uruguaya en Lima declarándose perseguido político. El mandatario uruguayo negó el asilo argumentando, entre otras cosas, que en el Perú “existe separación de poderes”, que el asilo diplomático no puede concederse cuando el solicitante está siendo procesado ante tribunales ordinarios y que el expediente del caso Odebrecht muestra que se ha respetado el debido proceso.
Perdida esta carta, a García se le estrecharon más sus opciones cuando los fiscales especiales del caso Odebrecht lograron finalmente suscribir un compromiso de colaboración con la empresa brasileña el 19 de febrero de este año. El sistema judicial peruano quedó entonces habilitado a acceder a “información muy valiosa” sobre “graves delitos” cometidos en ese país.
Y así fue como Alan García optó por el suicidio. Una tragedia, ciertamente, pero que de ninguna manera debe detener la tarea de los fiscales especiales de corrupción del Perú. Las primeras declaraciones públicas de algunos de ellos lo han dejado en claro. El suicidio de García, por muy trágico que sea, no los va a parar. El mayor daño que puede hacérsele al Perú es aflojar o peor aún dar marcha atrás en una tarea en la que está en juego el futuro de ese país. Ya el fujimorismo y los partidarios de García han exigido que se detenga la acción de la justicia usando el cadáver del suicida como pretexto. Difícilmente la opinión pública peruana secundará esta estrategia. El convenio con Odebrecht está por implementarse en estos días. Y es probable que la lista de políticos involucrados se alargue más y más.
Las diferencias entre lo que está sucediendo en Perú y nuestro país son abismales. Acá buena parte de nuestros líderes, sus amigos y parientes no tienen ese sentido de vergüenza que lo habría embargado a Alan García la noche antes de matarse, sabiendo que sería detenido al alba. Acá, roban, mienten y abusan del poder descaradamente, sin pudor, sin recato, y encima se declaran víctimas. Es la arrogancia de los que se enriquecieron gracias al régimen más corrupto de nuestra historia y saben que no les pasará nada. Es todo un sistema de corrupción política que en la última década alcanzó su clímax, lo que tiene al Ecuador hundido económica y moralmente. (O)