El baúl del olvido

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

A mediados de febrero de 2019, el entonces candidato a la Alcaldía de Quito, César Montúfar, denunció en la Fiscalía que habría evidencias de sobornos de Odebrecht a funcionarios capitalinos. Las coimas estarían relacionadas con el contrato del Metro. Han pasado dos meses y medio y nada se sabe del tema. Es verdad que las investigaciones penales son al inicio reservadas, pero me parece que hay que refrescar la memoria, lo que me lleva a recordar otros tres temitas relacionados, que inexplicablemente siguen engavetados.

Primero, no se pide asistencia penal a Antigua y Barbuda, donde operaba el Meinl Bank, que según el señor Montúfar habría sido el vehículo usado para pagar las coimas. Además, cuando quebró otro banco de ese país, el Antigua Overseas Bank, se le quedaron congelados a Odebrecht millonarios depósitos abiertos a nombre de la pantalla Klienfeld Services Ltd. Conocer el manejo de esas cuentas puede aportar valiosos datos para procesar a funcionarios corruptos.

Segundo, la multa que puede imponer la superintendencia antimonopolios. La ley del ramo prohíbe “los acuerdos entre proveedores y compradores… …que se puedan dar en las compras públicas, que direccionen y concentren la contratación con el afán de favorecer injustificadamente a uno o varios operadores económicos” (art. 11, 21º). Eso es infracción grave (art. 78, 2º, a), sancionable con multa. Su monto, el que sea mayor entre: a) los beneficios obtenidos (art. 79, antepenúltimo párrafo); y b) hasta el 10 % del volumen total de negocios del infractor (art. 79, b).

Tercero, las indemnizaciones al Estado. Su cuantía no puede ser solo la coima, absurda tesis sostenida por el anterior procurador del Estado en Odebrecht/Glas. Por ejemplo, en diciembre de 2018 un tribunal en Bogotá mandó a pagar USD 252 millones por daños (la coima fue de USD 11 millones), pues agregó, entre otros, el mayor precio del contrato (comparado con el ofrecido por los competidores corruptamente descalificados), y los perjuicios generales causados a la economía por la mora en la entrega de la obra.

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