Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
En el arco de pocas semanas dos denuncias documentadas han confirmado, una vez más, lo que el país ya tenía y tiene claro. El de la pasada década fue el régimen más corrupto que ha tenido el Ecuador en su historia. Robaron y extorsionaron como solo una banda organizada de delincuentes lo sabe hacer. Cómo habrá sido la corrupción que el contralor que tenían se jactaba de recibir coimas al contado y no –como muchos tontos, según él– a través de empresas panameñas. Y que uno de sus diputados líderes confesara públicamente que el Gobierno anterior les prohibía denunciar actos de corrupción.
Una de esas revelaciones periodísticas puso al descubierto la trama de corrupción que rodeó la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. No solo que asaltaron las arcas fiscales, sino que encima dejaron mal construida la obra. Hasta el New York Times informó las dimensiones de este atraco vergonzoso. Que en esta trama de corrupción está o no involucrado un familiar del presidente es un asunto que ya debió esclarecerse. Lo que sí está claro es que los protagonistas de esta mafia de la noche a la mañana levantaron cuentas, palacios y fortunas que hasta al más próspero y honesto empresario –y sí que los hay– le habría tomado varias décadas alcanzar.
La otra y más reciente denuncia es igual de grave. Empresas constructoras tales como la inefable Odebrecht, Hidalgo e Hidalgo y Sinohydro (vaya trío) habrían donado más de once millones de dólares para la mafia correísta. Que si el dinero servía para pagar pasadas o financiar futuras campañas electorales es secundario. Todas estas empresas eran y algunas siguen siendo contratistas del Estado, esas donaciones (si es que las podían hacer) no fueron reportadas a las autoridades tributarias o electorales, según el caso. Con eso en países como los Estados Unidos, Inglaterra o –para no irnos muy lejos– Perú o Brasil, la Fiscalía tendría un caso seguro a su favor. (¡Qué fácil fue participar en tantas elecciones, verdad?, dueños del Consejo Nacional Electoral y además con millones de dólares ilícitos).
Lo importante de la última denuncia es que sus indicios apuntan a altos miembros de la mafia correísta que hasta hoy habían estado fuera del radar de la justicia. Algunos de ellos son una vergüenza para el foro de abogados. En cualquier nación civilizada poner la profesión del derecho al servicio de la corrupción y el delito es sancionada con el retiro de la licencia profesional, como mínimo, aparte de la cárcel. Pocas veces se ha documentado con tanto detalle una serie de delitos –todos ellos independientes entre sí–, gracias a la labor investigativa de Fernando Villavicencio y Christian Zurita.
La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿seguiremos con nuestra indiferencia o miedo permitiendo que el Ecuador continúe siendo una nación donde la impunidad vence a la ética, derrota nuestro futuro y sepulta nuestros ideales? La Dra. Diana Salazar ha dado apenas el primer paso. Pero el camino es largo y difícil. (O)