Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
El encausamiento penal contra varios capos de la pandilla que nos gobernó, iniciado por aportes ilegales a sus campañas electorales, no solo debe incluir a su máximo jefe hoy prófugo en Bélgica. Dicho encausamiento debe necesariamente incluir también a todos los contratistas estatales que aparecen en el cuaderno de Pamela como aportantes a dichas actividades políticas. Si el encausamiento penal, que con toda entereza lo ha iniciado la fiscal general, se llegase a limitar únicamente a los jerarcas de la banda de delincuentes políticos, y no incluyese a esos contratistas que hicieron las entregas ilegales de dinero, se estaría socavando injustificadamente la integridad del proceso. La coima y en general la corrupción, al igual que el tango, requiere de dos actores: por un lado, una autoridad pública o un político y, por el otro, un sujeto o empresario privado.
Lo sucedido con el cuaderno de Pamela ha ocurrido en otros países vecinos. En cada uno de ellos –Brasil, Panamá, Perú, Argentina, etc.– tanto los políticos como los contratistas han sido procesados y sentenciados a prisión. En el caso de los contratistas se les ha impuesto severas multas –lo suficientemente altas para que duela al bolsillo; pero tampoco tanto, para evitar que quiebren– y además, como parte de las sanciones civiles, los gobiernos les han cancelado todos sus contratos públicos (concesiones, construcciones, servicios, etc.) que dichos contratistas corruptos tenían y sus cuentas embargadas y planillas suspendidas hasta que confesaron el funcionamiento de la trama de sobornos.
Esa es la única forma de someter a todos, a los políticos y a los empresarios, al imperio del derecho. Ni los unos ni los otros deben estar por encima ni tampoco por debajo de la ley. Un juicio justo y transparente es el peor castigo que se les puede imponer a quienes prostituyeron el sistema judicial, así como a quienes han hecho sus fortunas construyendo obras públicas o prestando servicios al Estado con sobreprecios. Esos sobreprecios no son “asuntos entre privados”, como en su momento lo justificó el capo di tuti capi, sino un burdo y simple robo a todos los ecuatorianos, especialmente a los más pobres. Ambos –políticos y contratistas– son responsables de la debacle económica y moral que nos ha condenado a la pobreza. Una orgía con nuestros dineros que ahora resulta que debemos pagarla todos los ciudadanos.
Es probable que la Fiscalía General pronto caiga en cuenta de que más fácil le va a resultar encausar penalmente a los mafiosos que nos gobernaron que a los contratistas que los financiaron. Mientras los unos han perdido el poder político con el que tanto daño hicieron, los otros parecería que siguen gozando de poder económico; incrustados como están en el andamiaje del sistema y protegidos por poderosos padrinos.
Pero ese es el desafío que la sociedad ecuatoriana, con la Fiscalía a la cabeza como representante de la vindicta pública, tiene que enfrentar de una vez por todas, pues de lo contrario no lograremos salir del pantano de la ilegalidad causante del atraso económico. (O)