Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
El pasado 19 de junio el procurador general del Estado presentó a la Asamblea un proyecto de ley en el que plantea que se cree un “Comité de Prevención y Solución de Disputas”, que se encargaría de “realizar procesos de negociación, en las disputas que en jurisdicción internacional [se presente] en contra del Estado ecuatoriano y sus instituciones públicas”. El comité estaría presidido por el propio procurador, e integrado por el contralor general del Estado y los ministros de Relaciones Exteriores y Finanzas (art. 5).
En los antecedentes de la propuesta se lee que los arbitrajes internacionales que ha enfrentado el Ecuador han durado en promedio 5 años, generando altos costos para la defensa, lo que impone crear un procedimiento que permita “verificar el contenido de una demanda de arbitraje internacional y evaluar la conveniencia de litigar o no”.
Aplaudo la iniciativa.
Primero, porque se aleja de la necedad -muy en boga en el correísmo- de litigar por litigar, con todo el costo que eso implica (que no ha sido solo de abogados, sino de innecesarias firmas de relaciones públicas), como si el Estado o sus entidades siempre tuviesen la razón, lo que, dicho sea de paso, muchas veces ha quedado palmariamente desmentido con los fallos finales emitidos por tribunales internacionales, no sometidos a presión política en el paisito.
Segundo, porque pone la decisión de buscar acuerdos en manos, no solo del procurador, sino de un equipo al que se integraría la Contraloría y el Ejecutivo, de modo que las decisiones que se adopte surjan de consensos que impidan cuestionamientos posteriores a nivel del propio Estado. Sugiero que se agregue al ministro que esté a cargo de promover las inversiones, pues su visión al respecto es importante para evaluar “la conveniencia de litigar o no”, que es la finalidad declarada en el proyecto.
Una sugerencia más: las funciones del comité no tienen por qué limitarse a los arbitrajes internacionales. Bien pueden extenderse a cualquier clase de disputa, ya en cortes internacionales, ya en cortes o arbitrajes locales.