Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
¿Quién ha presentado un proyecto de reformas para reestructurar por completo el régimen de contratación pública presente en decenas de leyes y eliminar los múltiples resquicios legales creado por la mafia correísta para contratar a dedo y, en general, para facilitar el robo de los dineros públicos con apariencia de legalidad? ¿Quién ha presentado un proyecto de reformas para incrementar sustancialmente las sanciones y penas (a un mínimo de 25 años) para quienes cometan delitos contra la Administración Pública, como peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y otras infracciones similares?
¿Cuándo se reforma el Código de la Democracia para ponerle un techo al gasto público en publicidad y propaganda electoral, incluyendo la hecha bajo el disfraz de “información”, a través de medios de comunicación colectiva? ¿Cuándo se presenta un proyecto de ley prohibiendo a las entidades públicas hacer publicidad o “informar” sobre sus obras un año antes de las elecciones? ¿Cuándo se reforma el Código Orgánico Administrativo, que es un instrumento en beneficio de la arbitrariedad administrativa? ¿Cuándo se corrige el error de no establecer una comisión internacional al estilo de Guatemala para recuperar lo robado y luchar contra la impunidad?
¿Qué ha hecho el gobierno con respecto a las empresas contratistas y sus ejecutivos que aparecen en la lista de sobornos? ¿Se piensa “respetar” esos sobornos y los contratos producto de ellos a pesar de su evidente objeto ilícito? ¿No se les va a imponer ni siquiera alguna multa? ¿Ni siquiera van a colaborar con las investigaciones? ¿Seguirá el sector público contratando a estas empresas como si nada hubiese sucedido? ¿Qué va a hacer el Servicio de Rentas Internas con respecto a las declaraciones tributarias de las empresas que sobornaron y de las personas u organizaciones que se beneficiaron de los sobornos? ¿Cuándo se tipifica como delito el excederse de los límites del endeudamiento público o el tomar a guisa de inversiones los dineros depositados en el Banco Central que no sean del Ministerio de Economía? ¿Cuánto tiempo más vamos los ecuatorianos a ver impávidos a esa pléyade de nuevos ricos que crecieron patrimonialmente por el simple hecho de ser amigos, coidearios, parientes o relacionados con quienes nos han gobernado en los últimos doce años?
Estas y otras preguntas son válidas, pues parecería que cada vez son menos a los que les preocupa la posibilidad de volver a caer en un régimen similar al instalado por la mafia correísta. Y es que parecería que a nadie, o a casi nadie, le interesa realmente desmantelar la estructura legal creada por el correísmo y que sirvió para enriquecerse. Todas las acciones mencionadas, y otras que seguramente se me escapan, podrían adoptarse simplemente a través de leyes, reglamentos o decretos.
Las tragedias no son únicamente producto del azar. Ellas requieren un cierto grado de complicidad de nuestra parte con el desastre que terminará aniquilándonos. Lo podemos ver en la tragedia de Edipo Rey. Pero sobre todo lo podemos ver en lo que nos pasó y lo que probablemente nos podría pasar como país. (O)