Guayaquil, Ecuador
Correa tiene abiertas más de una docena de investigaciones penales. Si ellas se han demorado es porque recién desde hace pocos meses la Fiscalía General cuenta con una titular que no le teme a la estructura mafiosa del correísmo.
La tarea es titánica, ciertamente. Para comenzar, aún quedan jueces leales al correísmo enquistados en diferentes cortes que están dispuestos a socavar la labor de la Fiscalía. Esto no es nuevo. En la Alemania poshitleriana no fue fácil llevar a la justicia a muchos nazis camuflajeados, pues en el sistema judicial de esa nación quedaron jueces que guardaban simpatías con el nacionalsocialismo. Pero con perseverancia y con la presión de las fuerzas democráticas tales obstáculos fueron removidos.
Lo que resulta inaplazable son las demandas de responsabilidad civil tanto contra Correa como para su pandilla y los empresarios del soborno. Al igual que en Chile, nuestra legislación civil permite demandar indemnizaciones civiles por daños económicos y morales sin esperar sentencias penales condenatorias, ya sea que se trate de Correa y su pandilla como de los contratistas involucrados.
Los crímenes cometidos por el correísmo y el daño a la sociedad ecuatoriana son monstruosos. Los correos electrónicos de sus asistentes dan muestra de un régimen que llegó a normalizar la corrupción, la persecución y la destrucción de familias; un régimen que no conoció límites a la inmoralidad.
La metódica forma como se registran diariamente los sobornos, la manipulación de los juicios, el nombramiento de los magistrados traen a la memoria el conocido ensayo que escribiera Hanna Arendt, luego de asistir al juicio que en Jerusalén se le siguió a Adolf Eichmann en 1961, y ver cómo el exjerarca nazi narraba los horrendos crímenes con toda parsimonia. Para Arendt, Eichmann, con su celo de burócrata que seguía las órdenes de sus superiores con toda eficiencia, prácticamente sin reflexionar sobre sus consecuencias, nos habría enseñado “la terrible lección de la banalidad del mal, ante la cual las palabras y el pensamiento se sienten impotentes”.
Es allí donde radica el mayor crimen cometido por Correa y su banda. En haber construido un marco de referencia cultural dentro del cual el mal, la corrupción, el abuso y la ilegalidad se volvieron prácticas sobre las que no se reflexiona y menos se reacciona, sino que por el contrario se siguen casi a ciegas, aceptándolas como parte natural de nuestra vida colectiva.
No es coincidencia que Correa haya sostenido que las coimas recibidas por un ministro eran un “asunto entre privados”, o que ellas no constituyen un perjuicio al Estado. No se diga de aquellas opiniones que buscan tranquilizar a los empresarios corruptos que entregaron al correísmo dineros de forma clandestina y que “coincidentemente” obtuvieron importantes contratos de obra pública diciéndoles que la ley está de su lado. Todo ello es simplemente la expresión más visible de una sociedad que habría asimilado la corrupción e hipocresía como parte de sus genes.
Debemos resistirnos a la banalización de la corrupción. No hacerlo significa impedir alcanzar un Estado de derecho. (O)